El fondo estadounidense Blasket Renewable ha puesto el foco en el contrato de 1.700 millones de dólares firmado a finales de 2025 entre España y Raytheon, filial del grupo RTX, para la adquisición de cuatro sistemas de defensa aérea y antimisiles Patriot, la mayor operación de compra de misiles realizada nunca por las Fuerzas Armadas españolas. Este acuerdo, tramitado como una operación de Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales, FMS) y autorizado previamente por Washington, contempla el suministro de lanzadores, radares, centros de mando y control y equipos de instrucción para reforzar la defensa aérea del Ejército de Tierra.
La operación de compra se enmarca en el plan del Ministerio de Defensa para modernizar y ampliar la capacidad Patriot de España, que ya contaba con baterías PAC‑2 desplegadas e integradas en la arquitectura de defensa antiaérea de la OTAN. El Consejo de Ministros autorizó en 2024 un techo de gasto de casi 2.400 millones de euros destinado a incorporar nuevos sistemas y modernizar los existentes a la configuración 3+, incluyendo misiles PAC‑3 MSE, equipos asociados, apoyo logístico y formación.
Ofensiva judicial ligada a los laudos de renovables
Según analiza el diario económico Expansión, el movimiento de Blasket Renewable forma parte de la ofensiva judicial de varios acreedores internacionales que reclaman a España el pago de laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo a las primas de las energías renovables. El fondo ha adquirido derechos sobre algunos de estos laudos y explora vías para tratar de bloquear o intervenir pagos ligados al contrato Patriot, e incluso dificultar su ejecución, en un intento de forzar al Estado a cumplir con las sentencias.
“Vamos a recabar información sobre ese contrato para activar medidas”, ha señalado Matthew McGill, socio del despacho King & Spalding, que dirige la estrategia de estos acreedores ante los tribunales estadounidenses. La hoja de ruta pasa por localizar activos, pagos y transferencias relacionados con España en terceros países, con el objetivo de identificar bienes embargables y aumentar la presión sobre la Administración española.
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Batería Patriot desplegada en Turquía (Estado Mayor de la Defensa)
Discovery orders y rastreo de pagos en dólares
En este contexto, los acreedores han activado las denominadas discovery orders, peticiones de información cursadas ante tribunales de Estados Unidos para rastrear activos y movimientos financieros del Estado español a través de grandes infraestructuras de pago. En el caso de la Reserva Federal, se solicita acceso a datos sobre cuentas y transacciones vinculadas a España o a entidades públicas desde noviembre de 2021, mientras que las órdenes dirigidas a The Clearing House buscan registros de operaciones procesadas mediante Chips, uno de los principales sistemas internacionales de compensación en dólares.
McGill advierte de que esta estrategia podría alcanzar incluso activos empleados por autoridades españolas durante visitas oficiales a Estados Unidos, como el avión Falcon utilizado por el Gobierno y la Casa Real. Los acreedores también siguen de cerca pagos y contratos vinculados a la participación de España en el Mundial de fútbol de 2026, celebrado precisamente en territorio estadounidense, como potencial vía adicional de presión.
Un contrato clave para la defensa aérea española
El contrato Patriot que ahora vigila Blasket es considerado un programa clave para la modernización de la defensa aérea de España y su contribución a la OTAN. La autorización inicial de la Agencia de Cooperación para la Defensa y la Seguridad (DSCA) en 2023 ya estimaba un posible paquete de cuatro unidades de fuego Patriot Configuration 3+ con 51 misiles PAC‑3 MSE y otros elementos asociados, por un valor máximo de 2.665 millones de euros, como parte del refuerzo de capacidades frente a amenazas aéreas y de misiles en el flanco sur de la Alianza.
Los nuevos sistemas se integrarán en el Ejército de Tierra y permitirán no solo incrementar el número de baterías disponibles, sino también acometer la modernización de los sistemas ya en servicio para alinearlos con los estándares más avanzados de la familia Patriot. La ofensiva de los acreedores de las renovables introduce ahora un factor de incertidumbre jurídica sobre un programa que el Gobierno considera estratégico tanto en términos de defensa nacional como de compromiso con los aliados. (José Mª Navarro García)
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