El Comandante en Jefe de la Armada Uruguaya, Almirante José Luis Elizondo, deberá declarar ante la justicia en un caso de la malversación de fondos en la Fuerza, tras el juicio laboral de un oficial por misiones especiales varias en Marina Mercante impagadas. El Comando General de la Armada no habría realizado los pagos correspondientes a este y otros oficiales por varias visitas técnicas de buques (denominadas control de "libres de gases") realizadas por los inspectores de la Comisión Técnica Asesora de la Dirección Registral y de Marina Mercante/COTEC, entre los años 2021 y 2026.
Se registraron y denunciaron diversas inconsistencias financieras en el área, especialmente la falta de rendición de cuentas sobre fondos de inspección y una muy posible desaparición de dinero en el ámbito naval, reportada anteriormente incluso por el ex ministro de Defensa, Javier García. La citada COTEC es la encargada de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad de las embarcaciones en aguas y puertos uruguayos, a través de la Prefectura Nacional Naval, integrada por la Dirección Registral y de Marina Mercante.
Los buques cargan combustible y otros gases que son inflamables o peligrosos, como por ejemplo el amoníaco que usan las cámaras frigoríficas los numerosos pesqueros que recalan en Uruguay, o los propios tanques de combustible. Si bien en estos casos se trata de diésel, se producen eventuales situaciones de peligro cuando se procede a realizar trabajos de soldadura. Ciertos metales, además ,se deterioran debido a la acción del agua salada , por lo cual ,aunque se lleven a cabo trabajos muchas veces no relacionados con las paredes de los tanques, cuando los mismos se van a ejecutar en caliente, próximo a tanques, líneas de combustible o lugares que puedan albergar gases explosivos, se debe solicitar obligatoriamente una inspección de los técnicos habilitados de la Armada para verificar que el lugar, la bodega o los depósitos de combustible esté libres de dichos elementos gaseosos y otros riesgos relacionados.
Los inspectores efectúan una vistoria del área destinada a los citados trabajos en caliente, cambios de chapa o de cañería, para certificar la inexistencia de los mencionados gases explosivos. Se emite entonces una autorización para realizar esas tareas, con un determinado periodo de vigencia. Finalizadas las mismas retorna esa inspección para homologar lo concluido y que, efectivamente, ese tanque o cañería puedan volver a utilizarse para los fines originales que fueron diseñados. Estas verificaciones se cobran, de acuerdo a estándares internacionales.
En este caso, las cantidades recaudadas por la Armada, usual e inmediatamente derivadas al Ministerio de Defensa que, tras pasar por ciertas dependencias las retorna a la Fuerza debiéndose abonar entonces la mayoría del producto de las mismas a los citados técnicos, habrían desaparecido de las arcas y quizá de la contabilidad naval. Se trataría, a la fecha, de casi 4 millones de dólares, incluyendo partidas de refuerzo comprometidas por el Ministerio.
El caso ha llegado a la Justicia, llevado inicialmente por la demanda de uno de los inspectores de mayor actividad, a quien individualmente se le adeudan miles de dólares. La acción se plantea principalmente contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de la Armada, amén de la petrolera estatal ANCAP, relacionada con muchas tareas de este tipo, la Administración Nacional de Puertos y conocidas navieras privadas que ya concurrieron a tribunales.
Dada la gravedad y probables derivaciones del caso, el Poder Judicial ha rechazado la posibilidad, utilizada antes por otros altos oficiales Navales, de responder por escrito. El Almirante José Luis Elizondo deberá concurrir personalmente este lunes a los estrados, en principio como testigo, en su calidad, además, de ex Prefecto Nacional Naval, así como especialista auditor en este tipo de labores. En el caso eventual de que sus declaraciones no satisfagan a la magistratura podría pasar a la condición de indagado.
Muy probablemente también deban concurrir a sala el actual Prefecto Nacional Naval, contralmirante César Ricciardi, así como el nuevo Jefe de Estado Mayor de la Armada, el contralmirante José Ruiz, ex director precisamente de la Dirección Registral y de Marina Mercante. Si bien décadas atrás, por iniciativa de la fiscal Mónica Ferrero, fueron procesados ex Comandantes en Jefe y ex Agregados Navales, estos ya se encontraban retirados . (Javier Bonilla)
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