Cuando hace ya más de un año nos enfrentamos a la pandemia y se hizo necesario adquirir grandes cantidades de equipo médico o de protección individual, como las mascarillas de protección facial, descubrimos que un país como España no era capaz de satisfacer su demanda. Al preguntar por qué no se compraba en España este tipo de equipamiento, la respuesta era unánime, se compraba en China por ser más barato, dejando de adquirir ese tipo de artículos a empresas españolas. La situación de crisis obligó a replantearse la necesidad de recuperar la capacidad productiva nacional y de disponer de reservas estratégicas.
¿Qué pasaría si descubriéramos que eso mismo está sucediendo con la compra de munición de calibre ligero y medio para las Fuerzas Armadas españolas? Sucedería que volveríamos de nuevo a constatar que por considerar el precio el único criterio importante, la capacidad productiva nacional ha desaparecido y que los soldados no disponen de la munición para el armamento con el que realizan el enfrentamiento más próximo, aquel en el que usan sus fusiles de asalto y ametralladoras.
Sin embargo esto es lo que está ocurriendo desde hace años, sirva como hito a recordar que en 2015 el acuerdo marco de munición de calibre 5,56x45 mm. del Ministerio de Defensa para los Ejércitos de Tierra, Aire y Armada valorado en 33,7 millones de euros fue adjudicado íntegramente a empresas extranjeras. Los cinco lotes en que se distribuía esta licitación fueron adjudicados a tres compañías internacionales (una israelí, una italiana y otra eslovena) sin presencia industrial en nuestro país.
Aquella situación, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en la tónica habitual. En fechas recientes informábamos de dos acuerdos marco que han tenido una resolución similar. A comienzos del mes pasado informábamos de que el suministro de granadas de 40x53 mm. para lanzagranadas automáticos del Ejército de Tierra, valorado en 4,8 millones de euros, fue adjudicado principalmente a una compañía sudafricana. Solo uno de los cinco lotes no fue adjudicado a esta compañía sino a una compañía brasileña.
Lo que pareció una anécdota volvió a repetirse con el acuerdo marco de suministro de munición de 12,70x99 mm. para el mismo cliente, valorado en 11,3 millones de euros y que tuvo como principal destinatario una compañía suiza que se adjudicó dos de los cinco lotes, siendo otros dos adjudicados a intermediarios españoles de firmas extranjeras.
Y hay en marcha un importante contrato que puede terminar de la misma manera. El nuevo acuerdo marco de munición de 5,56x45 mm. valorado en 41,9 millones de euros.
¿Qué está pasando?
En busca de respuesta hemos consultado con los principales fabricantes del sector y la respuesta ha sido tan clara como preocupante. La explicación es que en estos importantes acuerdos de adquisición de munición, que suelen tener duraciones de 4 a 6 años, se está teniendo únicamente en cuenta el precio como criterio de decisión. Así este tipo de adjudicaciones están revertiendo en compañías extranjeras que presentan unos costes de mano de obra inferiores a los españoles o que no se rigen por la normativa española. Si se tratara de la adquisición de material de papelería por ejemplo, esto no tendría mayor problema, pero estamos hablando de la munición con la que se adiestran y combaten nuestras Fuerzas Armadas, por lo que sería de esperar que se tuvieran en cuenta otros criterios de índole estratégica y de aseguramiento de las capacidades nacionales en una capacidad tan crítica.
Obviamente los fabricantes privados mantendrán en funcionamiento aquellas líneas de fabricación que sean rentables y si las de calibre ligero y medio no lo son en España podrían terminar cerrándose, decisión que podría tomarse además fuera de España en el caso de aquellos fabricantes integrados en grupos internacionales. Cuando estos se dirigen a la Administración en busca de respuestas se les responde con el mantra de “tenéis que ser más competitivos”, afirmación que contrasta con el ratio de exportación de algunas de las plantas españolas, que destinan al extranjero hasta el 87 % de su producción.
Esta situación se puede analizar desde diferentes prismas. Podemos empezar por el estrictamente económico. Hay que recordar que sobre todo desde que la citada pandemia del COVID-19 está afectando tan negativamente a la economía española, el Ministerio de Defensa, con un acertado criterio, está apostando por los programas de Defensa que incorporen el mayor contenido nacional al considerar al sector de Defensa y Aeroespacial una locomotora de la recuperación económica por su alto valor añadido, la capacitación de su personal o su apuesta por el I+D+i por citar algunos factores.
Por ello resulta más sorprendente que ante esta apuesta por la defensa o incluso protección de la capacidad industrial nacional, sigan manteniéndose únicamente los criterios basados en costes o precio para la adquisición de la munición. Lo que parece una decisión tomada por un criterio estrictamente económico, tendrá efectos nefastos a medio y largo plazo vía pérdida de sueldos, cotizaciones o impuestos que de otra manera reverterían en la economía española, a través del concepto de retorno industrial, clave en cualquier programa de Defensa.
Por otra parte, los fabricantes nacionales plantean sus dudas acerca de la efectividad con la que se podrá controlar desde la Administracion española la calidad del suministro dada la ubicación de las plantas a las que se están adjudicando los contratos. Igualmente se plantea complicado asegurar el suministro en plazo y forma de las entregas de la munición que conforme los diferentes lotes para cada uno de los usuarios finales.
Opciones disponibles
Igual que sucedió con la industria del armamento ligero y medio, España puede perder la capacidad de fabricar munición de calibre ligero y medio para estos mismos fusiles y ametralladoras que hace años se compran fuera. Por ello se plantean desde los fabricantes diferentes opciones para asegurar la viabilidad de este sector.
Lejos queda por ahora solicitar el recurso al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, habitualmente empleado en la construcción naval o en el reciente programa 8x8 para el Ejército de Tierra, que incluye excepciones a la libre competencia en los mercados en el caso de programas de Defensa.
Sería sin embargo deseable que en licitaciones como las planteadas se tuvieran en cuenta no solo criterios estrictamente económicos o de cumplimiento de normativas técnicas sino también otros relativos a los retornos industriales, como en otros programas de Defensa. De esta manera en la valoración se tendría en cuenta donde se fabrica la munición, el plan industrial que acompaña la propuesta, la cadena de valor o la transferencia de tecnología a compañías presentes en España por ejemplo. Entre los criterios técnicos se podría volver a incluir la necesidad de que las municiones estuvieran certificadas u homologadas en España, o asegurarse de que los licitantes son capaces de cumplir con los complicados plazos de fabricación, que obligan frecuentemente a los fabricantes a hacer el necesario acopio de materia prima antes de la adjudicación, lo que supone de facto una financiación al cliente. (José Mª Navarro García)
Fotografia: Adiestramiento con fusil de asalto de miembros de la Brigada "Guadarrama" XII del Ejército de Tierra (Ejército de Tierra)
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El Regimiento de Infantería “Saboya” nº 6 de la Brigada “Extremadura” XI durante un ejercicio de adiestramiento con ametralladora ligera (Ejército de Tierra)
