El astillero gallego Cardama, que construye dos buques del tipo OPV para la Armada de Uruguay y se ha visto en graves dificultades con el gobierno de este país tras la insolvencia de una de las dos garantías que acordó para respaldar el fiel cumplimiento de su proyecto, ha denunciado penalmente por estafa a la empresa titular de la garantía, Eurocomerce Ltda, con sede en Reino Unido.
Este hecho fue el origen de una grave crisis planteada por el prosecretario presidencial uruguayo, el ex juez y fiscal Jorge Díaz, quien indujo a una conferencia de prensa, el pasado 22 de octubre, introducida por el propio presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, anunciando, sin ningún protagonismo en esa ocasión del Ministerio de Defensa, la voluntad de rescindir el contrato con Cardama debido principalmente a la insolvencia de esa garantía, aunque del trabajo del astillero no emanaron otras motivaciones, ya que hasta ese entonces se cumplía el contrato de fabricación sin contratiempos.
A partir de ese momento se propició una dura guerra mediática contra el constructor naval español, en la que mediaron todo tipo de rumores, acusaciones y descalificaciones periodísticas, sindicales y políticas hacia la capacidad técnica de Cardama, llegándose desde argüir su presunta inexistencia hasta una mera condición de " varadero" y reiterándose el tema de las garantías, aunque sin aludir a la primera de las dos presentadas, ésta en perfectas condiciones financieras.
En las últimas horas también se supo que un notario de Valencia, el cual había denunciado la supuesta falsificación de su firma durante la adjudicación de la garantía cuestionada, no ratificaría su reclamo.
A su vez, una nueva descalificación del prosecretario Díaz al trámite de mediación presentado por el astillero en Montevideo, inherente, como otros actos administrativos a cualquier intento de rescisión contractual, también caería, dada la entidad de la documentación presentada en la oportunidad. De hecho, el propio Díaz , junto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el subsecretario Joel Rodríguez y abogados del Ministerio se reunieron con el jurista y ex ministro de Defensa de Uruguay Dr. Gonzalo Fernández -designado mediador por Cardama- desde el pasado 17 de noviembre, estableciendo el gobierno uruguayo sus aspiraciones.
Entre las mismas estaba suplantar la garantía objeto de denuncia, con lo que no parece haber dificultad, pues ya Cardama lo había sugerido. El Ministerio de Economía se había mostrado proclive, así como a modificar, por parte de Uruguay, las condiciones de pago, instrumentadas hasta ahora mediante carta de crédito con pagos realizados ante el cumplimiento documentado de cada hito, mecanismo que el presidente del estatal Banco de la República, Álvaro García, afirmó seguir respetando.
Es muy probable, además, que el gobierno uruguayo sea invitado a mantener una actitud pública más prudente y a designar un vocero exclusivo para este tema- que difícilmente pueda estar en Presidencia -dado que la insistencia en la actual sobreexposición mediática sí podría perjudicar al proyecto y al fabricante en su relación con proveedores, lo cual eventualmente obligaría a sendas acciones judiciales contra Uruguay.
Al respecto de estos asuntos,en las próximas horas será interpelada en el Senado la ministra de Defensa, Sandra Lazo. (Javier Bonilla)
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