El pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno anunció un plan para destinar 10.471 millones de euros al Ministerio de Defensa y alcanzar este mismo año el 2 % del PIB para esta aplicación, a la que nos comprometimos en 2014 como miembro de la OTAN.
Ese mismo día se aprobó un acuerdo para autorizar una transferencia de crédito al Ministerio de Industria y Turismo por valor de 2.819,17 millones para financiar aportaciones reembolsables a empresas para proyectos relacionados con la defensa.
El llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad, que la SEDEF analizó recientemente, incluye nada menos que 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM, los antes conocidos como Programas Especiales de Armamento o PEAs) que se suman a los 56 ya en ejecución. El pasado día 10 el Consejo de Ministros autorizaba los primeros 15.635 millones para doce de esos 31 programas a ejecutar entre 2026 y 2037, aunque seguimos sin saber cuáles son esos 12.
Sin embargo, las prisas no son buenas consejeras y, con la mitad del año camino de consumirse, es complicado saber cómo se va a usar este aparente maná caído del cielo. Esta avalancha presupuestaria va a ser muy complicada de gestionar para el Ministerio, para las oficinas de programas (las que existen, porque habrá que crear otras nuevas) e incluso para las empresas, proveedores últimos de los equipos.
Los militares, expertos organizadores curtidos en la escasez, sobre todo desde la crisis del 2008, a partir de la cual cayeron en picado los presupuestos, saben priorizar sus necesidades y exprimir hasta el último céntimo presupuestario con planes siempre estudiados sobre las necesidades a cubrir y listas priorizadas de sistemas cuya adquisición es más o menos urgente.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat y Berea, afirmó en las III jornadas de Defensa organizadas por El Debate, que “nosotros tenemos problemas para adquirir. Antes teníamos qué comprar pero no teníamos dinero, y ahora que tenemos dinero no tenemos qué comprar, porque la demanda es muy importante y la oferta es muy escasa”.
Para el JEME, “hay una cosa que aún es peor que gestionar la escasez, que es gestionar la abundancia. Por eso, el compromiso de las Fuerzas Armadas es utilizar de la manera más rigurosa y eficiente los recursos que los españoles ponen a nuestra disposición”.
Con total lógica, el General Enseñat afirmaba, además, que “durante muchísimos años hemos tenido uso presupuestos de Defensa muy bajos, que han tenido repercusión en la preparación, la operatividad, el material y las infraestructuras de las Fuerzas Armadas” y que “los incrementos de los últimos años han ayudado a paliar, pero no lo suficiente”.
Fragmentación de la industria
Tras recordar que el Ejército de Tierra opera una flota de 12.594 vehículos de ruedas, 1.125 vehículos de combate sobre ruedas, 1.673 vehículos de cadenas, 223 piezas de artillería de campaña, 210 lanzadores de artillería aérea y 108 helicópteros, además de radares, misiles, sistemas de comunicaciones, guerra electrónica, ciberseguridad, etc, todo lo cual exige una muy compleja gestión operativa, el JEME apuntó a otro problema “la fragmentación de la industria de los sistemas terrestres”, afirmando que “tenemos un montón de empresas terrestres compitiendo entre ellas sin capacidad de optar a programas de mayor entidad en España, Europa o el extranjero”.
Actualmente hay nada menos que 87 Programas Especiales de Modernización en curso, de los que 56 ya están en marcha en diferentes fases, muchos de ellos con proveedores seleccionados, mayoritariamente de la industria nacional, en algunos casos en colaboración con tecnólogos internacionales. Incluso alguno de los nuevos 31 han sido ya firmados como el nuevo buque de aprovisionamiento para la Armada.
Recordemos que recientemente el Ministerio de Defensa ha iniciado un Plan de Desconexión de la tecnología israelí, que precisamente podría afectar a algunos de estos programas que estaban basados en tecnólogos israelíes, como hemos analizado en anteriores ocasiones. Las opciones se limitarán también si se recurre a los programas SAFE europeos que limitan el contenido tecnológico procedente de fuera de la Unión Europa al 35 por ciento.
Limitaciones como esta podrían ser preocupantes a medio y largo plazo si tenemos en cuenta que los cuarteles generales estudian con mucha antelación lo que el mercado ofrece a la hora de determinar los Requisitos de Estado Mayor (REM) de cada programa.
Igualmente la habitual fórmula de los acuerdos marcos permitiría a las Fuerzas Armadas aumentar las cantidades de sistemas ya seleccionados y en fase de suministro, habitualmente incluidas en forma de modificaciones y ampliaciones, evitando el trámite de iniciar desde cero un programa.
Sólo con los que están actualmente en marcha se podrían emplear gran parte de los fondos en forma de necesarios ítems, que van desde equipamiento personal del soldado a optrónica, munición de todo tipo, e incluso plataformas terrestres o incluso efectores como lanzacohetes o misiles. (José Mª Navarro García)
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