En una entrevista concedida este martes 19 de mayo a Radio Cooperativa, el ministro de Defensa Nacional de Chile, Fernando Barros, anticipó que el ajuste fiscal que enfrentará su cartera se mantendrá por debajo del 2%, en lugar del 3% inicialmente considerado por el Ministerio de Hacienda. El secretario de Estado enfatizó que el Gobierno busca mayor eficiencia sin afectar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Ante la pregunta directa de la periodista sobre aplicar un eventual recorte del 3%, Barros fue claro: “No va a ser el 3%. Estamos buscando dónde se puede ajustar y ser más eficientes en el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas”. El ministro recordó que no existe margen para recortar en combustible para la aviación y la Armada, cuyo precio cuesta alrededor de un 40% más. “Estamos tratando de cumplir con las horas de patrullaje y de vuelo asignadas”, agregó.
Barros detalló que el Ministerio de Defensa trabaja de manera coordinada con la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y Hacienda para alcanzar una cifra razonable. “Hay varias cosas que se pueden hacer más eficientes, pero también hay obligaciones del Estado que no han sido pagadas en el último tiempo. Llegó el momento de ordenar las cuentas”, señaló. Confió en llegar a una solución que deje conformes a todas las partes: “Ser eficientes sin comprometer nada esencial”. Consultado si el ajuste final sería inferior al 2%, respondió: “Espero que sí”.
Fondos estratégicos al límite
Estas declaraciones se enmarcan en un escenario de estrechez financiera que viene afectando al sector desde hace varios años. Según información reciente, recogida por defensa.com los fondos estratégicos creados tras la derogación de la Ley Reservada del Cobre operan con saldos mínimos. El Fondo de Contingencia Estratégico, por ejemplo, se encuentra por debajo del 1% de su dotación prevista y no ha recibido aportes frescos por tercer año consecutivo.
El presupuesto corriente de Defensa, que ronda los US$2.400 millones para 2026, absorbe la mayor parte de los gastos en remuneraciones (cerca del 85%) y enfrenta crecientes demandas operativas, como los despliegues en la macrozona sur y la frontera norte, sin el respaldo suficiente de los mecanismos plurianuales. Expertos y mandos militares han advertido en reiteradas ocasiones sobre el riesgo de degradación de capacidades si no se regularizan las transferencias comprometidas.
Barros ha insistido en que cualquier ajuste debe respetar las instrucciones presidenciales de no comprometer misiones críticas de soberanía, como el patrullaje marítimo, los vuelos a la Antártica, Juan Fernández e Isla de Pascua, ni el entrenamiento esencial de las tropas. “Las Fuerzas Armadas están dispuestas a colaborar, pero no a costa de su rol fundamental”, ha reiterado en distintas instancias.
La negociación sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se concrete el reajuste definitivo, en un ejercicio que busca equilibrar el esfuerzo fiscal del Gobierno con la necesidad de mantener las capacidades de defensa del país en un entorno regional cada vez más complejo. (Luis Andres Lautaro)
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