El Consejo de Ministros del pasado 9 de septiembre aprobó un paquete de “nueve medidas contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina” que incluyen la “aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023”. Esa misma tarde, la Plataforma de Contratación del Estado presentaba cuatro importantes programas en curso como Anulados, sin explicación de las causas pero que incluyen contratistas o tecnología israelí por valor de 891 millones de euros.
En la presentación que hizo el presidente del Gobierno de las nueve medidas se incidía que el nuevo Real Decreto establecerá “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel.
Sin embargo, antes de que este Real Decreto sea aprobado ya pudimos ver los efectos en tres programas del Ministerio de Defensa en curso, concretamente tres importantes programas gestionados por la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Antes de las 16:00 horas del martes las cuatro licitaciones figuraban como “Anuladas”, con información diferente en cada uno de los expedientes y sin información sobre las causas.
El primero de ellos se refiere al “Suministro y montaje de cámaras de ayuda a la conducción para Pizarro VCI/C” por valor de 4,8 millones de euros, adjudicado el pasado mes de julio a la compañía española Tecnobit – Grupo Oesía. Sin embargo como analizaremos en breve, este contrato no habría sido anulado por incorporar tecnología israelí.
La segunda licitación es una de las que más titulares ha generado, el “Contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM)” que se adjudicaron a finales de 2023 las empresas españolas Escribano Mechanical & Engineering y Rheinmetall Expal Munitions formando una UTE, por nada menos que 576,4 millones de euros, basado en el sistema PULS de la israelí Elbit Systems.
El tercer contrato acaparó también no pocos titulares al ser el “Suministro de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2” adjudicado a Pap Tecnos, filial española de la israelí Rafael en octubre de 2023, con un valor de 237,5 millones de euros. Se encargaron 168 puestos de tiro y 1680 misiles (de los que ya se han realizado entregas), además del apoyo logístico integrado.
El cuarto contrato se refiere al “Acuerdo marco de adquisición de inhibidores de frecuencia vehiculares” que se adjudicó la israelí Netline en 2020 por valor de 77,2 millones de euros y que, junto a su socia española Aicox, supone el suministro de 334 inhibidores para proteger a los vehículos de las Fuerzas Armadas de las señales con que se detonan las minas o IEDs, entre otras amenazas electromagnéticas.
Estos tres contratos estaban adjudicados y en diferentes fases, incluyendo suministro de inhibidores desde 2020, de misiles y puestos de tiro Spike LR2 y de desarrollo de prototipos para pruebas del SILAM, con lo que habrá que analizar las implicaciones operativas sobre las Fuerzas Armadas españolas.
Cabe destacar que de los únicos expedientes anulados de los que se puede obtener algo de información son el del SILAM y el del Spike LR2, que aparecen anulados pocos minutos antes de las 16.00, firmados electrónicamente por el subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, José Maria Belluga Capilla. Pocos minutos después ya estaban disponibles en la Plataforma de Contratación del Estado.
Fuentes consultadas nos advierten de que lo que se habría anulado en los expedientes sería la publicación de la adjudicación, no el contrato propiamente dicho, lo que genera más incertidumbre al procedimiento si tenemos en cuenta además que las empresas afectadas no han recibido información al respecto.
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Captura de la Plataforma de Contratación.
Posibles Implicaciones
Consultadas empresas del sector y conocedores del procedimiento se confirma que finamente se ha oficializado lo que en la práctica venía ocurriendo, es decir la paralización de los expedientes del ministerio de Defensa vinculados a materiales de origen israelí más allá de la nacionalidad de las empresas adjudicatarias.
La medida es trascendente no solo por las capacidades que pueden verse mermadas en nuestras Fuerzas Armadas sino también por las consecuencias financieras de esta decisión y por el riesgo reputacional para España como cliente.
Respecto al riesgo para nuestras Fuerzas Armadas este es evidente, en este primer documento oficial aparecen elementos claramente defensivos como son los inhibidores y que conflictos como el de Afganistán nos mostraron como vitales, sino también elementos que proporcionan capacidades relevantes en una situación de combate, siendo el más llamativo el SILAM, programa que contaba con una importante participación industrial española y dotaba al Ejército de Tierra de un medio que carecía y que se ha mostrado en Ucrania como altamente necesario.
Suponemos que a esto seguirán más cancelaciones de elementos igualmente importantes y en los cuales las empresas israelíes no sólo proporcionan productos de altísima calidad, sino también a unos precios razonables, como son municiones o equipos de comunicación y observación.
La situación no va a ser fácil para nuestras Fuerzas Armadas que tendrán que analizar con agilidad alternativas existentes en el mercado para evitar largos y costosos desarrollos, y además buscando ventanas de oportunidad ya que actualmente los plazos de entrega de los materiales de defensa se han alargado de forma notable ante la demanda. (José Mª Navarro García)
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