General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas (GDELS - SBS) se prepara para llevar al Tribunal Supremo la batalla por los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado a la UTE formada por Indra y Escribano por un importe total de 7.240 millones de euros. Según la información publicada por Europa Press, la compañía asegura que no fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad con el que se resolvieron los programas de obuses sobre ruedas y sobre cadenas.
El recurso contencioso-administrativo de Santa Bárbara ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo e incluye la petición de una medida cautelar clave: la suspensión de 3.002 millones de euros en préstamos estatales a interés 0 concedidos a la UTE de Indra y Escribano para prefinanciar los programas de artillería, considerados estratégicos en el plan de modernización militar del Gobierno. La empresa argumenta que, si estos créditos se ejecutan sin restricciones, se producirá un “perjuicio irreparable” que limitará su capacidad de competir durante la próxima década en el mercado español de plataformas blindadas y sistemas de artillería, con impacto también en su proyección internacional.

El Nemesis es la propuesta de obús sobre cadenas de GDELS – SBS (GDELS)
Defensa formalizó el pasado 22 de diciembre la adjudicación del sistema de artillería sobre ruedas por casi 2.686 millones de euros y del sistema de cadenas por alrededor de 4.554 millones, ambos sin publicidad al considerar que la UTE Indra–Escribano es la única capacitada técnicamente para el desarrollo de estos proyectos. Santa Bárbara, que cuando presentó su recurso para bloquear los préstamos aún no conocía la adjudicación definitiva, mantiene ahora su intención de impugnar también los propios contratos y solicitar su suspensión una vez completados todos los trámites formales.
En su ofensiva jurídica, la compañía critica que el esquema de financiación a coste cero decidido por el Ejecutivo para la UTE restringe “de facto” la competencia en el segmento de artillería y blindados, en el que asegura tener capacidades industriales plenamente consolidadas. Frente a ello, contrapone la situación de Indra y Escribano, de las que afirma que “carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes” en estos sistemas, poniendo así el foco en la discusión sobre la política de apoyo público a determinados actores industriales en plena fase de rearme y modernización de las Fuerzas Armadas.





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