La mayor parte del territorio de América Latina está expuesto a fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que periódicamente provocan destrucción y muerte. A estos se suma, con especial virulencia en los últimos años, la proliferación de graves incendios en los periodos estivales, sobre todo en el Cono Sur. Las Fuerzas Armadas están asumiendo en estas estas situaciones de crisis un rol fundamental en ayuda a la población civil y el mantenimiento del orden, misiones que en escenarios de emergencia sobrepasan las capacidades de los organismos civiles. El estamento militar y el elevado número de su personal, acostumbrado a obedecer órdenes, que lo integra, su entrenamiento para desempeñarse en entornos de gran dificultad y los medios materiales con que cuentan y de los que carecen otras instituciones, sitúan a las Fuerzas Armadas en primera línea desde el minuto uno de cualquier catástrofe.
La disposición de recursos para afrontar estos escenarios se está convirtiendo en una prioridad en buena parte de la región, acaparando crecientes recursos en los presupuestos de defensa nacionales. Responder al estallido de crisis de esta naturaleza, por su propia incertidumbre, entraña una enorme dificultad e inevitablemente ha puesto sobre la mesa la falta de recursos suficientes y, muchas veces, de una estrategia adecuada en la dotación de medios, tanto para la prevención, como para la ejecución, una vez desatada la emergencia.
Los graves incendios que en meses pasados asolaron vastos territorios de Chile y Argentina activaron la adquisición, no programada previamente con carácter inmediato, de medios aéreos a disposición de las Fuerzas Armadas para combatirlos en el futuro. Pero si hay un país en el que los programas de adquisición de Defensa han mostrado sobre el terreno su efectividad y alcance es Perú. Las inundaciones y corrimientos de tierras que recientemente asolaron el Norte del país exigieron un fuerte despliegue de las Fuerzas Armadas y pusieron claramente de manifiesto que la modernización de la institución durante la anterior gestión de la cartera, a manos del ex ministro Pedro Cateriano, han puesto al país en una situación, hasta ahora inédita, para afrontar crisis de esta envergadura.
Perú se dotó en los últimos años de aviones de transporte C-27 y potenció su flota de helicópteros rusos Mi-171Sh H, ambos medios claves en el puente aéreo desplegado durante la emergencia en apoyo a los cientos de damnificados. El buen desempeño de estos medios aéreos y la necesidad de reforzar las flotas para afrontar los previsibles escenarios de catástrofes naturales, que inevitablemente volverán a asolar el suelo peruano, ha determinado la adquisición, por encima de otras inversiones previstas y que se verán ahora ralentizadas, de más aeronaves de ambos modelos. En el ámbito de la prevención, los resultados que ya arroja la puesta en órbita el pasado mes de septiembre del satélite de observación de la tierra Perú-SAT son y serán claves, tanto en el estudio de futuras amenazas, como en la ejecución de la ayuda una vez desatada las crisis.
En este contexto, el cuestionamiento de los procedimientos de compras militares acometidas durante el Gobierno de Ollanta Humala, sometidas a un brutal proceso inquisitorio, tras el que se esconden intereses espurios de sus instigadores, no deja de resultar sorprendente. Lejos de actuar en pro de la necesaria transparencia que debe imperar en todo proceso de adquisiciones, la enrevesada actuación de la Comisión de Defensa del Congreso está generando un clima de incertidumbre y caza de brujas que flaco favor hará a la continuidad del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas del Perú y a la buena imagen del país en el exterior.
