La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha ratificado en sentencia del pasado 12 de abril la resolución que supone la obligación de pagos por daños y perjuicios a la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de los programas tecnológicos del Vehículo de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 “Dragón” por los retrasos en las entregas de los demostradores.
Según la sentencia, publicada en la web www.poderjudicial.es, los jueces consideran no justificados los retrasos de varios años en las entregas de los citados demostradores del VCR 8x8 Dragón que dotará al Ejército de Tierra, que finalmente fueron entregados el pasado mes de diciembre.
Los tres miembros de la UTE (Indra Sistemas, Santa Bárbara Sistemas y Sapa Operaciones) interpusieron un recurso contencioso-administrativo a la resolución del 26 de noviembre de 2019 del Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material (actuando por delegación del Secretario de Estado de Defensa) de concesión de ampliación del plazo de ejecución solicitada el 21 de julio de ese año, con imposición delas penalidades contempladas en el contrato por considerar que las causas de la demora eran imputables al contratista.
Frente a la mencionada resolución se interpuso recurso de reposición que fue resuelto en sentido desestimatorio por la resolución 29 de enero de 2020. La sentencia de este mes de abril desestima el recurso del 26 de noviembre de 2019 de ampliación del plazo y condena a las actoras al pago de las costas, siendo posible un recurso de casación antes de 30 días del siguiente de la notificación de esta sentencia.
Los retrasos y sus costes
En mayo de 2022 ya hicimos un cálculo de las penalizaciones económicas a las que se enfrentaba la UTE. Recordemos que la primera fecha prevista para entregar los cinco demostradores del VCR 8x8 Dragón era el 30 de noviembre de 2018, pero en junio de 2019 se decidió aplazar la entrega a julio de ese año y se activó la cláusula prevista en el contrato sobre la aplicación de penalidades económicas, de 14.715 euros diarios desde el 10 de julio de 2019 y de 18.393,94 euros a partir del 30 de noviembre
Posteriormente se acordó la fecha del 30 de mayo de 2020, esperando que la Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión pudiera empezar la Evaluación Operativa (EVAO) el 2 de julio, hitos que tampoco se cumplieron.
Se acordó de nuevo aplazar la entrega de los demostradores de este vehículo de combate al 23 de diciembre de 2020, pero a la vista del nuevo retraso en junio de 2021 se acuerda una tercera ampliación con penalidades, estableciese la entrega el 29 de octubre de 2021 y la certificación de las minas el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo el 3 de diciembre se decide una cuarta ampliación, con penalidades y se reprograma el pago de Defensa de 91, 9 millones hasta el 31 de marzo de 2023 y las fechas ahora expuestas.
Si tenemos en cuenta la fecha según la sentencia a partir de la cual se imponen las penalidades (10 de julio de 2019) y la de entrega de los demostradores del VCR 8x8 (20 de diciembre de 2022) y tomando los dos tramos citados en la sentencia resultarían 142 días a 14.175 euros y 1116 días a 18.393,94 euros resultaría un importe superior a los 22,5 millones de euros derivado del retraso en 1.258 días (más de 3 años) (José Mª Navarro García)
Fotos: Entrega de los demostradores del 8x8 (Ministerio de Defensa)
