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Carta al director: La doble vara de medir la lealtad a España

Desde hace unos días llevo perplejo por movimientos que no puedo explicar desde un nivel básico de congruencia y no he podido por menos que plantear la duda de manera abierta de modo que sea la audiencia la que juzgue si estoy realmente alejado de la realidad.

Hace ya seis meses, el 3 de septiembre, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, hacía pública la decisión de nominar a Indra como coordinador nacional industrial del programa NGWS (Next Generation Weapon System). En aquel momento la decisión sorprendió a muchos, entre los que me cuento, al ver que la empresa aeronáutica por antonomasia en nuestro país no iba a representar los intereses de España en el mayor programa aeronáutico que se ha visto nunca en Europa. ¿Cómo podía ser que la fuente del conocimiento de ese sector hubiera sido desechada? ¿Cómo se justificaba que Indra pudiera calzarse unos zapatos tan grandes en un ambiente europeo en el que los coordinadores nacionales de Alemania y Francia sí que son los habituales y ya están bregados en mil batallas?
Pero no fue hasta que me lo explicaron de otra forma que pude entender la razón de la decisión. España había preferido nominar a una empresa española que, sin tener quizá tanto conocimiento intrínseco como Airbus España, pudiera defender mejor los intereses nacionales al estar más ligada al Estado, lo que no permitiría diluir las capacidades costeadas con dinero público español  en otros  países, como  podría suceder  en  el caso  contrario,  asegurando  así  el  control  nacional.  Además, había que mostrar a la corporación aeronáutica europea que durante mucho tiempo había estado anteponiendo intereses industriales a los nacionales españoles, incluso en contra de su propio brazo nacional. Y claro, ahí ya no pude seguir dudando. Tras haber esquilmado de forma repetida las arcas nacionales para generar capacidades que al final acabaron desapareciendo  del  país,  como  el  cierre  de  la  línea  del  A380  en Andalucía,  la  emigración   de  la   autoridad  de  diseño   que permitía a España concebir aviones completos, o la reducción al absurdo del esfuerzo por vender aviones C295 y mantener su línea de producción abierta, ésta era la ocasión de retomar el control en el país y asegurarse de que las capacidades nacionales generadas con dinero español no desaparecían. Eso es lealtad a España.
Pero cuál es mi sorpresa, seis meses más tarde, cuando al ver el anuncio oficial de las empresas que liderarán los pilares de los demostradores del programa NGWS, me encuentro que el sistema de medida había cambiado. Se mantiene el hecho de que las empresas sean españolas (por cierto, defina usted qué es una empresa española) y que no sea necesario que su conocimiento de la materia sea equiparable al de sus contrapartes europeas, pero la tercera condición de mantener todo el control dentro de la nación parece disiparse. Aunque entre dichos líderes aparecen Indra, Airbus España (que ahora no parece incomodar) o ITP (que demuestra cuán difícil es definir empresa española), también está Sener.
Y como conocer nuestra historia nos hace más fuertes para no volver a repetir errores pasados, mi mente se trasladó al 11 de Julio de 2016, para el mundo aeroespacial el día de comienzo de la  feria  aeronáutica   de  Farnborough   2016.  Aquel   día  Sener anunciaba la venta de su participación en ITP a Rolls-Royce por 720 millones de euros. Aquel día nadie pareció ver en esa transacción nada extraño, más allá que la relación lícita entre empresas pertenecientes a la misma industria y su interés por crecer, los acuerdos previos entre socios durante la formación de una joint venture, o las estrategias industriales para hacer frente al venidero Brexit. Sin embargo, el sector de la defensa en general, y yo en particular, percibimos un expolio nacional.
Con una  premeditación inusitada,  y  al parecer sin  que  el Ejecutivo supiera nada de antemano, se ponía en manos británicas la joya de la corona española en lo que a propulsión aeronáutica se  refiere. Una  empresa formada y  recrecida con el máximo esfuerzo de los españoles, en la que el erario público había drenado recursos con el fin de crear un campeón nacional e invertido ingentes cantidades de dinero para insertarla en un programa europeo de defensa clave (el EJ200), acababa siendo vendida a una industria extranjera.
Y no me rasgo las vestiduras porque la legislación requiera que en el caso de activos de interés estratégico para la Defensa se deba pedir autorización previa a su venta de activos. Lo hago porque en ningún momento se discutió qué parte del valor y de los activos de ITP pertenecían al Estado español y no a los accionistas nacionales y, por ello, el dinero de todos los españoles (y las capacidades que entre todos habíamos generado) pasaba a formar parte del bolsillo de los empresarios. ¿Dónde estaba entonces el interés por asegurar el control español de los activos generados con dinero público?
Dando por hecho que todos podemos cometer errores y permitir por dejación o desconocimiento que el bien público acabe en manos privadas, la pregunta que me sigue rondando es: ¿Por qué entonces se castiga tan severamente a Airbus España y no se duda en volver a elegir a Sener como líder para otro programa aeronáutico europeo? ¿Es que no tenemos memoria o pensamos que, sin cambio en el accionariado, la actitud podrá ser diferente? ¿No es entonces más flagrante que Sener forme parte de ese equipo de líderes, que el hecho Airbus España represente a la industria española? ¿Quién se beneficia de esa pérdida de memoria?
Y como me paso el día elucubrando y uniendo los flecos que esta industria aeronáutica y de defensa deja sueltos, me vienen a la cabeza otras decisiones que también han dado un vuelco con respecto a esa vara de medir. Más allá de los mencionados, la cancelación del proyecto de misiles de MBDA para las fragatas F-110, incluso cuando parecía conseguir un incremento del control español; o la convergencia en un único contratista del programa del 8x8 tras haber desarrollado una estrategia de programas tecnológicos vía UTE (Unión Temporal de Empresas) que asegurara el incremento del control español.
Está claro que todo puede justificarse dependiendo de lo que interese (deme un punto de apoyo y moveré el mundo), pero ¿no es tan importante el control de los activos españoles pagados con dinero público? ¿O es que ya no lo es? Esa incongruencia y la falta de memoria histórica, concentrada además en sólo unos meses de legislatura, aún me hace dormir mal, pero tengo claro que al menos duermo tranquilo y que, si de mí depende, la lealtad a España se medirá con una vara única. (Eladio Justo)


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