A solo tres meses de que el presidente Gabriel Boric entregue el mando al electo, José Antonio Kast, el Ministerio de Defensa Nacional dio luz verde a la actualización de la Política de Defensa y la Política Militar, un documento conjunto que marca los lineamientos estratégicos para las Fuerzas Armadas en los próximos años.
El texto, aprobado el 15 de noviembre y actualmente en revisión por la Contraloría General de la República, consta de 144 páginas y agrupa por primera vez ambas políticas en un solo instrumento, a diferencia de la versión dejada por la administración de Sebastián Piñera en 2021, que las actualizaba por separado.
Fuentes del sector defensa consultadas por el medio “La Tercera” destacan que esta normativa refuerza el carácter de "Política de Estado" que tiene la materia en Chile, al definir intereses territoriales, limítrofes y capacidades militares más allá de un gobierno específico. El documento reitera los límites territoriales del país, incluyendo los territorios insulares y la Antártica, y enfatiza que Chile no persigue fines expansionistas, aunque reconoce el derecho a la legítima defensa ante amenazas.
Desde el Ministerio de Defensa explicaron a La Tercera, que "la política contiene el conjunto de principios, criterios y orientaciones con que el Estado ejecuta la función defensa, en un horizonte temporal que trasciende un período de gobierno". La actualización de 2025 se basó en un proceso participativo que involucró no solo a las instituciones del sector, sino también a otros ministerios y expertos académicos, con el objetivo de identificar áreas de mejora.
Nuevos énfasis en seguridad interior y desafíos globales
El contexto estratégico descrito en el documento al cual tuvo acceso el medio “La Tercera” refleja los retos actuales de la defensa y seguridad de Chile: aumento del crimen organizado transfronterizo, inestabilidad internacional y migración irregular. En contraste con la versión de 2021, que ponía acento en la pandemia de Covid-19 y el cambio climático, esta actualización incorpora por primera vez tareas permanentes vinculadas a la seguridad interior, como la protección de infraestructura crítica y el resguardo de zonas fronterizas.
Esta novedad se fundamenta en la reforma constitucional de 2023, que facultó al Presidente para desplegar a las Fuerzas Armadas en estas misiones mediante decreto fundado. El texto recomienda avanzar en coordinación entre autoridades militares, el Estado Mayor Conjunto y el nivel político, especialmente en estados de excepción, resguardo fronterizo e infraestructura crítica. Además, insiste en la capacitación permanente del personal en Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y en difundir su conocimiento entre la ciudadanía.
Otros objetivos estratégicos
Otro apartado destacado es la incorporación explícita de la perspectiva de género en la defensa nacional, alineada con el compromiso del Estado chileno de promover la igualdad y eliminar discriminaciones. El documento señala que "la integración de las mujeres fortalece el cumplimiento de las tareas de la Defensa Nacional al ampliar la base de talento disponible, incorporar nuevas perspectivas y enriquecer la planificación estratégica". Se propone avanzar hacia ambientes laborales libres de violencia.
Finalmente, la política establece como prioridades la Política Espacial, la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040 recién aprobada este año y el rol de las empresas estratégicas del Estado en materia militar, líneas que han sido impulsadas durante la administración Boric.
En el ámbito militar, esta actualización se ve como un marco que adapta las Fuerzas Armadas al escenario actual, aunque su implementación plena dependerá del próximo gobierno. Con la transición en marcha, el documento llega en un momento clave para definir las orientaciones de la defensa chilena en los años venideros. (Luis Andrés Lautaro)
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