Según el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, “Panamá compró un sistema con unas características y el que se está instalando no brinda hasta el momento las prestaciones que se exigen en el contrato”, medios locales afirman que estos habrían sido pagados en tiempo y forma, no obstante, la actual suspensión del proyecto impide al contratista presentar nuevas facturas por cobrar al Estado.
Asimismo, el Gobierno de la República de Panamá ha designado ya a un equipo de abogados especialistas para emprender acciones legales en Panamá y en Italia.
Al parecer, informes técnicos refieren problemas en el alcance de los radares instalados, no cumpliendo con el alcance pactado en el contrato suscrito con la empresa italiana. Estos informes afirman que esta limitación impide a las fuerzas de seguridad del país el empleo eficaz en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.
A través del Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo panameño exigirá a la empresa Selex que habilite los siete radares que han sido instalados a la fecha y se realicen pruebas para demostrar si las deficiencias en el alcance pactado de los radares pueden ser corregidas, o de lo contrario se requiere la instalación de un nuevo equipo.
El Gobierno anunció además que a través de su Cancillería iniciará gestiones diplomáticas ante el Gobierno de la República Italiana con el objetivo de que ese país intervenga para que la empresa cumpla con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, cuyo origen parte de la firma de un Memorando de Entendimiento entre Panamá e Italia.
