La Corte Suprema de Panamá suspende el contrato de radares por 125 millones de dólares suscrito con Finmeccanica

(defensa.com) La Corte Suprema de Justicia ha suspendido de forma provisional el contrato entre el gobierno del país y la italiana Finmeccanica por la compra de 19 radares por un monto de 125 millones de dólares. El contrato fue suspendido por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que ha procedido a la suspensión del acuerdo después de que el Gobierno presentara una acción legal hace unos días y un año después de haber suspendido la ejecución del proyecto que llevaba a cabo la empresa Selex, filial de Finmeccanica.

Según el digital Prensa.com "El 5 de agosto el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó ante la Corte una demanda de nulidad del contrato de los radares, luego de que determinara que hubo 'desviación de poder'. De acuerdo al ministro, se aportó como prueba la existencia dentro del precio acordado de una comisión oculta de 25 millones para la empresa Agafia Corp.".El medio asegura que el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, aseguró que la decisión de la Corte es una “buena noticia” porque en un análisis preliminar de las pruebas aportadas "ha encontrado que hay suficiente elementos como para determinar que existe un buen derecho del Estado Panameño". El digital  informa asimismo que, según declaraciones del ministro de la Presidencia,  Álvaro Alemán,  próximamente se interpondrán demandas contra los otros dos contratos que suscribió Panamá con Finmeccanica para la compra de seis helicópteros y un mapa digital, adquiridos de la misma forma (que los radares).

La supuesta existencia de una comisión oculta de 25 millones de dólares a la empresa Agafia Corp. es una de las pruebas más contundentes que esgrime Panamá para determinar la suspensión del contrato. El gobierno anterior, sin que mediara licitación ni acto público, suscribió tres contratos con subsidiarias del conglomerado italiano por cerca de 250 millones de dólares. Según la prensa local, los contratos, que firmó el entonces Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, nunca fueron publicados en la Gaceta Oficial.