Recientes modificaciones al Reglamento de Disciplina de la Armada, publicadas en el decreto No. 110 de este año, firmado por el ministro de Defensa, Javier García y por el presidente Lacalle, e inspirado por el actual máximo jerarca naval, Almirante Jorge Wilson, han permitido liberar de su arresto al Almirante Carlos Abilleiras, Comandante de la Armada Uruguaya hasta marzo de 2020, que fue sancionado con 15 días de arresto a rigor y la posibilidad de pase de la causa a la Fiscalía.
Junto a él, otros dos arrestados debieron ser liberados de su detención en la Escuela Naval, ya que la nueva norma solamente permite retener en establecimientos castrenses a "marinos militares en situación de actividad y al Personal de la Reserva Naval" en condiciones análogas, según el artículo 38 de la misma, determinando así la puesta en libertad y el inmediato pase a Fiscalía de todo lo instruido desde 2021 a nivel de investigaciones administrativas ministeriales respecto a la actuación de estos altos oficiales en la Comisión Técnica asesora de la Dirección Registral y de Marina Mercante, por sospecha de conductas fraudulentas en esa dependencia.
Estos efectivos habían sido denunciados y restringidos sus movimientos económicos por el Contralmirante Otto Gossweiller en 2020, cuando encabezaba la Dirección de Finanzas (DIGFA) de la Fuerza por diversas irregularidades, como fraguar y cuadruplicar la documentación de inspecciones a buques para cobrar viáticos indebidos, ocultar actividades para evadir impuestos, aportes sociales y retenciones judiciales , sobornar, mediante aportes de cada marino involucrado , a directores de Marina Mercante para lograr su complicidad o pasividad ante hechos sospechosos, incluir en los cobros fraudulentos a oficiales ajenos a la dependencia, especialmente aquellas figuras responsables de pagos y planillas, sin ningún amparo ni por normas que lo pudieran hacer extensivo, cobro de inspecciones o habilitaciones abonadas y no realizadas, así como viáticos y otros gastos en viajes en los que pudieran ser invitados los integrantes de la Comisión, aún cuando todos los costes estuvieran ya incluidos.
En octubre del año pasado, cuando la situación se hizo pública, así como la decisión gubernamental de realizar una investigación administrativa y luego judicial, el Comandante de la Armada Nacional Uruguaya confrontó al propio gobierno, calificando su accionar de producirse "por trascendidos", mientras días después,conmemorando la fecha fundacional de la Fuerza, el propio Almirante Wilson, en presencia de todo el gabinete y el Presidente Luis Lacalle Pou, defendió la actuación previa de los dos ex máximos jerarcas acusados de participar en los episodios, provocando expresiones de amplio desagrado en las autoridades presentes que no culminaron disciplinariamente, aunque debilitaron sensiblemente a la figura del jerarca actual.
A partir de estas últimas horas, al dejarse sin efecto una sanción por él decidida, contrariando un reglamento también por él aprobado, y enfrentando recurrentes y crecientes dificultades en relación a la Armada y al ESMADE (Estado Mayor de la Defensa), lo que puede ser puesto en severa tela de juicio es la autoridad e idoneidad del propio Ministro de Defensa, el Dr. Javier García, cuya reciente designación como Agregado Naval y Militar en Alemania al polémico ex presidente de la Comisión Técnica que asesoró la compra directa de OPV (V/N Marcos Saralegui) aún no realizada e impugnada por proveedores, ha sido fuertemente cuestionada. (Javier Bonilla)
