El Contralmirante Gossweiller, ex Comandante de la Flota de la Armada de Uruguay y actual Director de Material, permanece detenido por 15 días con restricción de visitas en una unidad militar de la ciudad de La Paloma, a 200 kilómetros de Montevideo.
Ha sido acusado de filtrar a la prensa datos de investigaciones por él abiertas en lo que parece ser un enfrentamiento en la interna naval y un mensaje al periodismo especializado, para evitar el rastreo de fuentes y amedrentar a personal de menor rango disconforme con ciertas situaciones, en un marco general de vicisitudes (algunas muy graves, determinando prisiones de ex comandantes, contralmirantes y Agregados Navales, procesos de compra,etc.) desde hace muchos años.
El último hito de esta falta de transparencia naval fue marcado por la inédita declaratoria de secreto-compartida por el propio Ministerio de Defensa, hasta hace pocos meses apostando a una mayor apertura informativa- del proceso de compra de dos OPV para la Armada uruguaya que, no obstante contar con una Comisión Técnica para su pre adjudicación y otra asesora, a nivel político, desemboca desde su convocatoria en una compra directa por excepción, aspirando a la cual, tras prórrogas en la fecha de cierre de recepción, sólo se presentaron tres ofertas, de China -que, insólitamente parece contar con bastante favoritismo sin ser la más barata- Francia y Holanda.
Poco antes, algunas firmas europeas, pese el escaso volumen de las operaciones planteadas (dos o tres de menos de 250.000 dólares) en compra de radares o sistemas de comunicaciones portuarios, evaluaron comenzar a reclamar próximamente por lo que calificaron de sesgo en licitaciones y compras directas desde hace casi dos décadas.
Muy probablemente, el alto oficial va a recurrir a la sanción, ampliamente divulgada por el mando. Antes de estos hechos, apenas un desagradable episodio de escuchas durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera (padre del actual presidente de la República) llevó a graves represalias de generales, anteriormente un reclamo salarial de un general, a mediados de 1985, llevó al entonces ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, a arrestar al oficial. (Javier Bonilla)
