El Presupuesto de Defensa 2023 – que por lo visto seguirá siendo uno de los más bajos de la región – no se compara ni por asomo a los de Brasil, Chile y Colombia que están por encima del 2% sus PBI. En términos prácticos, aproximadamente un 94,70% se desglosará de la siguiente manera: 55,3% al pago de salarios, 16,9% a pensiones y prestaciones sociales, poco menos que nada – un 0,1% - a donaciones y transferencias (fondos no reembolsables recibidos por parte de gobiernos, instituciones y organismos internacionales u otros entes del estado) y un 22,4% a bienes y servicios.
De este último rubro, se estima que no más de un 8% - alrededor de 33 millones de dólares – estará destinado al mantenimiento y operaciones militares. Del 5.30% restante, un 0,32 % se destinará a proyectos de inversión, 4,6 % al pago del servicio de la deuda pública (que cubre los pagos de los programas de adquisición de los últimos años) y 0,28% a gastos diversos.
De aprobarse el Presupuesto de Defensa 2023, y de no tomarse medidas verdaderamente efectivas, las Fuerzas Armadas verían reducidos una vez mas no solo los gastos para la adquisición y contratación de bienes, pago de servicios, proyectos de inversión o infraestructura y salud, sino en la capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de su personal. Mas grave aún, sufrirán una merma, sumamente preocupante, en sus capacidades operacionales y de respuesta esencial, y por ende de su capacidad disuasiva.
A modo de revertir esta situación, al menos en parte, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República, aprobó en mayo de 2021 el Proyecto de Ley N° 7698 mediante la cual se modifica el artículo 2 de la Ley 28455: Ley del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que permitirá incorporar como fuente de ingreso el 30 % de las regalías de la explotación del Lote 57 de Camisea desde enero del año 2023 y el 30 % del Lote 58 de Camisea a partir de su explotación.
Ambos lotes generaran, de acuerdo a informes de PeruPetro (empresa estatal de derecho privado encargada de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos), un estimado de 110,2 millones de dólares.
Este monto, sumado a los 1.960 millones de dólares que se prevé recibir al 2045 por las regalías de los Lotes 56 y 88, permitirá a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional disponer de un total aproximado de 2.070,2 millones de dólares, que deberán ser empleados en adquisiciones, definidas por el MINDEF como “activos estratégicos”, de plataformas de alto valor operacional.
Mas recientemente, el exMinistro de Defensa, José Gavidia Arrascue dio a conocer, unos días antes de su renuncia, que en el marco del Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas al 2050 se contempla una inversión, de evidente tinte político y poco acorde con la realidad, de 39 mil millones de dólares, para la adquisición de material de defensa nuevo. El financiamiento, como informamos previamente en defensa.com, podría concretarse vía una Ley de Canon Minero o de Gravamen de Exportaciones, alternativas que en su momento deberán ser analizadas y aprobadas por el Congreso de la Republica. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima).
