Los Generales de División, Vicealmirantes y Tenientes Generales, que desempeñaron los cargos de Ministro de Defensa, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, reiteraron los pronunciamientos emitidos los días 27 de mayo y 14 de junio en donde advertían “de las graves situaciones y cuestionamientos que venían produciéndose y sobre la necesaria conducción de un proceso electoral justo y transparente”, y expresaron su rechazo al comunicado del Ministerio de Defensa (MINDEF) indicando que “se pretende intimidar a los suscritos con demandas por el supuesto delito de usar los símbolos institucionales sin autorización, infiriendo que se estaría tratando de confundir a la población, lo que negamos de manera rotunda ya que claramente se identifica a los firmantes de los mismos”. Ademas, precisan que “todos los que hemos servido a la Patria desde las Fuerzas Armadas siempre hemos utilizado estos emblemas con el orgullo y respeto que se merecen, sin restricción alguna de las autoridades políticas de turno, hecho que el actual gobierno interino califica de ilegal, dándole un uso político inaceptable.
En el documento, emitido la noche del viernes, expresan su preocupación por la actuación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de manera particular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque a pesar de las denuncias y evidencias de flagrantes alteraciones del debido proceso, no vienen siendo materia de justicia electoral tal como lo manifestó públicamente el Fiscal Supremo Luis Arce Córdova en su carta de declinación al efectuar serias acusaciones sobre el actuar de los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones indicando, entre otros aspectos, que se “evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y verdad electoral”, que “los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados” y que “existe la decisión de adoptar un acuerdo en bloque para la declaración de la improcedencia por extemporaneidad en la presentación de las nulidades imputadas contra las actas electorales denunciadas como falsas”.
Asimismo, instan a la Fiscalia de la Nación para que investigue las denuncias del Fiscal Arce Cordova y enfatizan su solicitud para que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla de manera confiable y transparente su mandato constitucional, que está por encima de procedimientos administrativos y formales que se siguen utilizando para denegar y evitar acceder a la revisión de la documentación electoral, lo que viene profundizando una percepción ciudadana mayoritaria de un proceso poco transparente e irregular y que se evidencia con los deleznables argumentos expresados por su Presidente para justificar la violación del “Ordenamiento Constitucional del Sistema Electoral” que establece como finalidad el “asegurar que las elecciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas y que secundado por los otros dos miembros de este organismo, los descalificaría legal y moralmente ante la ciudadanía para continuar ejerciendo sus funciones en este proceso electoral.
Finalmente, indican que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de velar por establecer la verdad de la voluntad ciudadana y para cuyo propósito, la constitución y las leyes le otorgan las competencias para administrar justicia en materia electoral y de manera particular en hechos inéditos y excepcionales como los que vienen sucediendo y donde no existe jurisprudencia previa. No hacerlo, señalan, afectaría la finalidad y credibilidad de estos organismos y, lo más grave, “no solo cuestionaría seriamente la legitimidad del próximo Presidente o Presidenta de la República sino que no se garantizaría la gobernabilidad y estabilidad política, jurídica, económica y social que requiere nuestro país, luego de los pasados 5 años de crisis permanente y que hemos sufrido todos los peruanos, como consecuencia de cuestionados comportamientos y situaciones similares a las que se vienen produciendo en el presente proceso electoral”. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima).
