defensa.com ha podido confirmar que a finales de febrero, el embajador de Israel en Perú, Eran Yuvan, remitió al ministro del Interior, Victor Torres Falcon, una carta expresando su preocupación por la demora en darse a conocer los resultados del proceso de adquisición para la Policía Nacional del Perú de un lote de 56 vehículos blindados multipropósito (4x4) y de 43 motobombas antidisturbios (4x4 y 6x4) por un monto aproximado de 40 millones de dólares.
Los resultados, de acuerdo a las bases y cronograma de los procesos, debieron hacerse públicos el 2 de noviembre de 2023, tras la apertura de las propuestas técnico-económicas, denominadas como “expresiones de interés”. La demora está generando críticas y cuestionamientos sobre la forma en que se realizaron los procesos. A la fecha, como pudo comprobar defensa.com, ni la embajada ni las empresas israelíes que participaron en los procesos: Beit Alfa Technologies Ltd, Gaia Behri Ltd, Plasan Sasa Ltd. y Shladot Ltd. han recibido explicación alguna o respuesta por parte de ministerio de Interior.
El Programa de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional”, Código N° 2251056, que prevé la adquisición de los blindados 4x4 y las motobombas antidisturbios, no estuvo exento de controversia debido no solo a deficientes y cuestionables estudios de mercado por parte de la Policía Nacional y de la OGAF sino al reformulamiento, no se sabe con qué criterio, de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) en al menos cuatro ocasiones. Esto se suma a la falta de personal no idóneo, falto de experiencia o no debidamente calificado en Interior y a la aplicación de la Directiva N° 005-2021-IN-OGAF: “Lineamientos para las Contrataciones del Sector Interior bajo la Modalidad de Estado a Estado” del 18 de junio de 2021, documento que contiene procedimientos no acordes a Ley de Contrataciones del Estado”.
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Thunder de Gaia Behri Ltd.
Ambos procesos fueron convocados en febrero de 2020, siendo suspendidos como consecuencia de la crisis generada por pandemia del Covid-19. Se retomaron a mediados de 2022, procediéndose a reformular y actualizar los requerimientos técnicos mínimos (RTM), mismos que fueron aprobados a inicios de septiembre, convocándose a los posibles postores en octubre de ese año.
Sin embargo, por razones nunca explicadas, los procesos fueron suspendidos por varios meses, para ser nuevamente reformulados y reconvocados, primero en abril de 2023, cambiándose sucesivamente para agosto, octubre y finalmente para el pasado 2 de noviembre, fecha en que supuestamente se “designaría el estado extranjero para iniciar las negociaciones”.
Lo cierto es que, independientemente de las deficiencias reportadas, como informamos en su momento en defensa.com, ambos procesos fueron convocados sin contar con la debida certificación presupuestaria, lo que sería más que suficiente, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, para declarar la “nulidad” de los procesos.
