La Investigación de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del Fiscal Provincial José Caballero Miranda Fiscal, tomó como base el cuestionado informe final de esa Comisión sobre “Las Contrataciones y Adquisiciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las operaciones de Gobierno a Gobierno realizadas durante el período 2011-16” que fue aprobado en junio de 2017 y derivado poco después al Ministerio Publico.
Dicha Comisión, que como informamos en su momento desató un brutal proceso inquisitorio sin fundamente técnico alguno, catalogado como una cacería de brujas, basó sus investigaciones, en cuatro hipótesis: 1) las contrataciones militares y policiales no respondieron a ninguna planificación estratégica definida con anterioridad, 2) vacíos normativos o deficiencias legales en materia de regulación de contrataciones militares y policiales, 3) la política de ascensos, pases al retiro y designaciones establecida en los Ministerios de Defensa e Interior durante 2011-16, que podría haber estado relacionada a obtener ventajas económicas de diversas contrataciones militares y policiales, y 4) en funcionarios que fueron informados y por ende tuvieron conocimiento de las contrataciones militares y policiales irregulares, pero que, por acción u omisión –al no interesarse o no realizar ninguna acción fiscalizadora– permitieron que se realizara o continuara.
Tras casi 4 años de diligencias, se estableció, entre otros aspectos, que los investigados, entre los que figuran el exMinistro de Defensa, Jake Valakivi Álvarez y funcionarios del MINDEF y de la Fuerza Aérea del Perú, “actuaron en el marco de las prerrogativas conferidas como miembros del Comité de Negociación de Gobierno a Gobierno, en salvaguarda de los intereses de la Fuerza Aérea y del estado peruano, logrando mejoras a las condiciones inicialmente establecidas para el contrato de adquisición de las aeronaves de instrucción básica de vuelos” y que “no se advierte que se hubiera generado algún tipo de beneficio ilegal en favor de Korea Aerospaces Industries (KAI), ni algún tipo de injerencia política que hubiera representado un perjuicio para los intereses públicos, precisándose que el comité realizo únicamente la labor de negociación con KAI y Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), mas no con otros gobiernos, aspectos que no devela interés alguno, sino por el contrario el cumplimiento funcional en el marco de la comisión asignada”.
Entre otros aspecto, que merece ser mencionados, la Disposición N° 07 indica claramente que “la adquisición de los KT-1P cumplió con satisfacer la necesidad de la Fuerza Aérea del Perú para la recuperación del servicio de instrucción básica de vuelos, resultando una compra eficiente y útil en salvaguarda d ellos intereses de la institución”
Se agrega que tras una diligencia de verificación, realizada el 14 de mayo de 2021 al Grupo Aéreo N° 51, se comprobó el alto nivel de operatividad de los KT-1P, registrándose, durante el periodo 2015-2021, la formación por parte de los Escuadrones Aéreos N° 512 y N° 513 la formación de más de 100 pilotos y la realización de 16.183 horas de vuelo efectivo. Asimismo, se destaca el Informe de Auditoría N° 894-2015 del 22 de diciembre de 2015 que estableció, al menos un año antes de que la Comisión de Defensa iniciara su investigación, que “no se develo ninguna irregularidad alguna respecto a la necesidad determinada para la adquisición de las aeronaves, ni respecto a la elección del KT-1P, ni sobre el valor referencial estimado, ni sobre el desarrollo del Estudio Técnico Operacional, ni respecto al contenido de la documentación del Expediente de Inicio, menos aun de irregularidades graves o muy graves pasibles de responsabilidad penal”.
Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú dispone de 20 Aviones de Instrucción KAI KT-1P Torito que fueron adquiridos en noviembre de 2012 a Korea Aerospace Industries (KAI), por un monto aproximado de 208,8 millones de dólares. Operan a ordenes de la Escuela de Formación de Oficiales Pilotos (EFOPI) / Grupo Aéreo N° 51, ubicado en la Base Aérea “Capitán FAP Renan Elías Olivera” en Pisco.
De acuerdo a los contratos, las 4 primeras aeronaves fueron fabricadas en Corea del Sur y entregadas, tras los correspondientes vuelos de prueba y aceptación, entre octubre y noviembre de 2014. Las otras 16, que fueron ensambladas en la Planta de Coproducción de KAI y el Servicio de Mantenimiento (SEMAN), ubicada en la Base Aérea de Las Palmas, fueron suministradas entre abril de 2014 y noviembre de 2016.
El Programa de Compensaciones Industriales y Sociales (Offset) inicial se valoró en 100 millones de dólares, comprendió la capacitación y transferencia tecnológica para la coproducción, en tanto que los subsiguientes, todos suscritos en 2013, se refirieron al suministro de un simulador de vuelo de ese modelo por 15,7 millones, la formación y transferencia tecnológica para el diseño de aeronaves no tripuladas por 74 millones y al acondicionamiento de 4 hangares en la Base Aérea de Las Palmas por 18 millones. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima)
