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El acuerdo sobre el Brexit y Gibraltar como activo militar

La relación de amor-odio entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) se inició a comienzos de los sesenta y desde entonces Londres ha mantenido un status particular, del que se ha beneficiado continuamente y parece que se mantendrá esta compleja relación, incluso durante el proceso de salida o Brexit. Y es que, tras año y medio de negociaciones, firmaron el 25 de noviembre durante el Consejo Europeo Extraordinario su acuerdo, del que solo queda ser ratificado por el Parlamento británico y por la Eurocámara.

Y una vez más Reino Unido ha sabido aprovechar y sacar partido a su habilidad diplomática y ha sido España la que ha perdido. Y ha perdido nada menos que su capacidad de actuación sobre el asunto de Gibraltar. España gozaba de una posición de ventaja, después de que el anterior Gobierno consiguiera el compromiso de que ningún acuerdo celebrado entre la UE y Reino Unido sería de aplicación a Gibraltar sin el pacto previo entre españoles y británicos. Sin embargo, ahora, en la salida nos han colado por la escuadra un artículo según el cual España pierde esta baza y pasa a ser la UE la que negocie cualquier aspecto como parte de esa salida de Reino Unido.

Y es que el Artículo 3 considera, a efectos de aplicación del acuerdo, Gibraltar como parte integrante de Reino Unido, no un territorio de ultramar o una colonia como hasta ahora. Destaca sobre todo el Artículo 184, según el cual será la UE la que negociará con Reino Unido sin consentimiento o visto bueno de España. Es decir, en lo que respecta a la UE, Gibraltar forma parte del Reino Unido de cara a los acuerdos que se logren con posterioridad del divorcio. La cuestión de la colonia ha pasado de ser un asunto básicamente hispano-británico a ser un asunto entre Reino Unido y la Unión Europea, por lo que es una forma de excluir a España de cualquier pacto futuro entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar. Se vincula la futura relación entre ambas partes a la declaración política del divorcio del Brexit.

En este acuerdo la UE ha parecido darse cuenta de la debilidad del Gobierno español, más preocupado por sus asuntos internos y no ha querido hacer suyas las reivindicaciones tradicionales sobre la Roca. Una vez firmado por parte española, dándose cuenta del error cometido, el Gobierno amenazó con una suerte de veto si no se reescribe o suprime el Artículo 184. Mal aspecto tiene la cuestión si el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se apresuraba a afirmar que cerraba incluso cualquier posibilidad de negociación por la soberanía del Peñón por parte española.

El Gobierno español, una vez más, no ha sabido jugar sus bazas, que las ha tenido, y ha estado más pendiente de asuntos menores, como las elecciones andaluzas, aprobando poco antes el Consejo de Ministros un Plan Integral para el Campo de Gibraltar valorado en 900 millones de euros. Para Madrid parece más importante defender los intereses de los trabajadores transfronterizos, una población de 6.000 personas que viven gracias a la particular fiscalidad del Peñón y su régimen colonial, y no tanto reclamar la integridad territorial del país.

Este nuevo status quo que ahora comienza supondrá mantener e incluso incrementar el interés de Gibraltar como activo militar, beneficiado de su excepcional situación como punto de control del tráfico marítimo por el Estrecho del mismo nombre. Además, seguirá siendo base de operaciones, rearmado y reparaciones de submarinos nucleares de la Royal Navy y de la US Navy, estando muy lejos de ambas metrópolis en caso de cualquier tipo de emergencia o accidente que afecte a los citados sumergibles. Mientras tanto, Londres, Washington y la OTAN se permiten de nuevo el lujo de protestar por la llegada de nuevo a los territorios soberanos de Ceuta y Melilla de buques militares rusos.


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