España hizo un importante esfuerzo para llegar al 2 por ciento del PIB destinado a Defensa, lográndolo este año tras el anuncio de un plan industrial que movilizará 10.471 millones de euros. Se comprometió en 2014 a conseguirlo diez años después, lo alargó después a 2029 para, finalmente, haber alcanzado esa meta bajo las presiones de la UE, en el marco de las relaciones con Estados Unidos en la era Trump y la continuidad de la guerra en Ucrania. A finales de este mes de junio tendrá lugar la cumbre de la OTAN en La Haya, donde se hablará de incrementar el porcentaje hasta el 3,5 o 5 por ciento, cifras que parecen inalcanzables para España.
El pasado 20 de mayo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, participaba en la reunión de ministros de Defensa de la UE, en la que estuvo presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien reiteradamente ha expresado su deseo de que Madrid incremente la inversión actual. Es un suma y sigue al que la ministra responde con centrar el debate en la definición y análisis de capacidades, las que Europa necesita y las que su industria está en condiciones de abordar en tiempo y forma.
España no es el único país que defiende que, antes de establecer nuevos porcentajes, es necesario determinar cuáles son las capacidades críticas que hay que alcanzar y, en virtud de éstas, determinar el nivel presupuestario necesario.
El 19 de mayo, Robles se reunió con los responsables de las principales empresas españolas del sector y las presentes en suelo nacional para abordar prioridades. Entre ellas estaría la importancia de reorientar sus colaboraciones tecnológicas en busca de la soberanía europea, lo que pondría a las tecnologías estadounidenses o israelíes, éstas ya en la lista negra por la cuestión de Gaza, en franco retroceso en nuestro país.
La cuestión porcentual y la interna española, con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, están desfigurando capítulos claves del gasto en Defensa, ya no sólo el cómo, también el dónde y el para qué.
Robles recordó en Bruselas, y no es la primera vez que pone el foco en este tema, que los compromisos actuales se derivan de la amenaza del frente Este de Europa y la OTAN, pero no hay que olvidarse del Sur, de gran importancia para nosotros. El Sahel es testigo de una preocupante escalada de grupos armados desde 2012, alimentada por la inestabilidad de la guerra civil en Libia y la rebelión tuareg en el Norte de Malí.
La región es un bastión de grupos salafistas yihadistas, destacando el de Apoyo al Islam y los Musulmanes, vinculado a Al Qaeda y el Estado Islámico, que a veces compiten y otras cooperan, explotando los agravios locales y la debilidad de las estructuras estatales para expandir su influencia e imponer formas de gobernanza paralelas en vastas áreas, especialmente en zonas rurales y fronterizas.
Mientras, Rusia intenta llenar parte del vacío que Occidente ha dejado en la región a través de Africa Corps, sucesor del Grupo Wagner, cuya capacidad y orientación difieren radicalmente del apoyo occidental anterior. Este vacío, junto con la adopción por parte de los nuevos gobiernos militares de estrategias de seguridad extremadamente militarizadas, proporciona un entorno propicio para una expansión sin precedentes de los grupos yihadistas.
En esos males tiene su origen buena parte del problema migratorio que España vive en primera persona dentro de Europa, empeñada en poner todos los huevos en la cesta del flanco Este y no mirar al Sur.





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