La pandemia del COVID-19 está provocando un desastre humanitario y económico difícil de cuantificar. La actividad económica se está resintiendo por las necesarias medidas adoptadas y sectores clave en España, como hostelería y turismo, se ven ya gravemente afectados por las limitaciones en la movilidad y el debido distanciamiento entre las personas. El caso del sector industrial de la defensa presenta un perfil concreto. Por un lado depende de los presupuestos y por otro tiene un elevando componente exportador. Es de prever que los futuros presupuestos tengan un alto componente social por el refuerzo del sector sanitario y por las ayudas sociales, por lo que la ya de por sí limitada disponibilidad se verá muy probablemente mermada (caso anunciado ya por Corea del Sur por ejemplo). No obstante, las Fuerzas Armadas y sus recursos están siendo clave en la lucha contra el COVID-19. Por otra parte, el comercio internacional se ve afectado y las exportaciones de equipos militares serán sensibles a la evolución de cada presupuesto nacional y a los problemas de suministro de componentes y de la distribución internacional.
Ante este panorama, se hace necesario reflexionar sobre el futuro del sector, cómo deberá adaptarse y qué lecciones se pueden extraer de la situación actual. En primer lugar, hay que destacar que el sector de defensa y aeroespacial está siendo uno de los proveedores clave y más ágiles de transformación de muchos sistemas cuya demanda se ha disparado, véanse equipos de protección individual (EPI) o respiradores y sus componentes, por no decir del equipamiento de las unidades militares de emergencias, que se han mostrado vitales en esta situación. La ayuda vino de forma altruista en un primer momento, cediendo medios propios, pero posteriormente se han reorientado capacidades, sobre todo mediante fabricación aditiva, a la producción de equipos de elevado componente tecnológico, pues había dificultades para adquiridos en el extranjero por la alta demanda mundial.
Que se verá afectado por la evolución de los presupuestos está claro, pero también lo está que se debe apostar por esta industria con un elevado componente tecnológico y de empleo altamente cualificado, que podría convertir al sector en un referente de la recuperación si se toman las medidas adecuadas. La inversión en defensa siempre ha tenido unas tasas fabulosas de retorno a la economía nacional y este factor debe ser considerado sin paliativos. Por eso ha sido, es y tiene que seguir siendo un sector estratégico. Las inversiones deben pasar por el refuerzo de la industria nacional, menos sensible a los efectos de la movilidad de las personas, como el ocio o el turismo, y capaz de proveer soluciones incluso de emergencia en el futuro, como se ha visto, por su capacidad de adaptación.
Estas medidas deben pasar por un largamente demandado Plan Estratégico, que tenga en cuenta su evolución, el compromiso del Estado con las capacidades desarrolladas y con su protección estratégica, incluso con la creación de stocks de emergencia de ciertos equipos, cuando no de la exportación decidida de estos. A nadie deberán sorprender estas medidas, cuando una de las consecuencias de esta crisis será la vuelta al proteccionismo, al menos de recursos que se han mostrado críticos. Muy sensibles a esta evolución serán las pequeñas y medianas empresas, protagonistas del sector, que tienen que apostar de nuevo por su capacidad de adaptación. Primero por la exportación como forma de paliar los menguantes presupuestos y ahora por una mayor tecnificación y apuesta por el I+D+i, como vía de diferenciación. En el marco de esta revisión del sector ha de analizarse la conveniencia de la participación en consorcios multinacionales, así como la continua pérdida de capacidad de decisión nacional por la venta de empresas a inversores extranjeros, que no dudan luego en solicitar la ayuda del Gobierno en forma de compras con las que sostener plantas que tiempo atrás estaban en manos nacionales.
