El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Gobierno de España contempla un crecimiento del asignado a Defensa del 8 por ciento (incluyendo los fondos europeos y de un 6 si no). La inversión crece un 25,8 por ciento, de 9.791 millones de euros en 2022, a 12.317 en 2023, y permite pasar de un pobre porcentaje respecto al Producto Interior Bruto (PIB) del 1,02 por ciento (el penúltimo por la cola en la OTAN) al 1,2. Las cifras han sido muy aplaudidas en el sector, tanto por lo que supone para el mantenimiento y mejora de las Fuerzas Armadas, como para la base industrial de la defensa del país. Como recordaba en una intervención reciente la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, se destinarán 4.900 millones a programas especiales de armamento, con los que el Ministerio de Hacienda estima se crearán 22.667 nuevos empleos.
Valcarce insistió en la necesidad de que estas políticas consigan el apoyo de toda la sociedad en su conjunto y las de todo el arco parlamentario. Largamente demandada y claramente necesaria en este amplio apoyo es una ley de estabilidad presupuestaria para Defensa, que permita al Ministerio y a las empresas planificar con un horizonte conocido y predecible, alejado de vaivenes políticos. Hay que recordar que el Ministerio de Defensa sufrió una importante merma en su presupuesto con motivo de la crisis económica de 2008, de la que, a diferencia de otras carteras, no se ha recuperado todavía. Por el camino se han perdido capacidades esenciales de las Fuerzas Armadas muchas veces expuestas, pero, como reclamaba el ex ministro de Defensa y actual presidente de la Fundación FEINDEF, Julián García Vargas, estos nuevos fondos deberán destinarse en primer lugar a asegurar las capacidades operativas actuales, para luego abordar nuevas capacidades, incluyendo el reemplazo de las obsoletas.
Además de asegurar los nuevos fondos, hay que hacerlo con la eficacia de su uso y, por ello, la capacidad contrastada de las Fuerzas Armadas para la programación y la gestión en tiempos de austeridad resulta inigualable. Este incremento es el primer paso del compromiso anunciado en la Cumbre de la OTAN del pasado mes de junio en Madrid, en la que España comunicó el objetivo de alcanzar el 2 por ciento del PIB en 2029. Hay que tener en cuenta que ese hito, de cumplirse, llegará cinco años más tarde de lo comprometido y de lo que están haciendo países vecinos y aliados de la OTAN. En la misma cumbre se aprobó el Concepto Estratégico 2022 de la Alianza, que en su punto 48 se refiere específicamente a compartir equitativamente las responsabilidades y los riesgos de la defensa y la seguridad, especificando que proporcionaremos todos los recursos, la infraestructura, los medios y las fuerzas necesarias para cumplir plenamente nuestros cometidos esenciales, exigiendo que las naciones cumplan en su totalidad el compromiso de inversión en Defensa, para proporcionar toda la gama de capacidades exigidas. Falta poco para 2024 y España es de los pocos países que ha escurrido el bulto a la hora de incrementar sus inversiones, hasta que, como el resto de Europa, le ha visto las orejas al lobo.
