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España en los programas de defensa europeos: sí, pero no a cualquier precio

Durante buena parte de los más de 40 años de historia que acumula esta publicación hemos sido testigos de la reclamación periódica sobre la necesidad de que Europa tome las riendas de su defensa, del desarrollo de capacidades para reforzarla y de cómo los países de la UE han de apostar por soluciones europeas para sus principales programas de defensa. A grandes rasgos, los principales mensajes de fondo no han cambiado, la industria europea debe racionalizarse para sobrevivir en un marco de presupuestos menguantes azotados periódicamente por diferentes crisis. Una de las fórmulas propuestas para racionalizar las adquisiciones y evitar redundancias insostenibles es consolidar la industria del Viejo Continente y apostar por reducir los programas que compiten entre sí, en pos de la búsqueda de la eficiencia económica.

La teoría económica defiende la búsqueda de economías de escala, pero también la competencia como forma de mejorar los procesos. Además, el sector de la defensa tiene sus particularidades y el peso de la política en Europa hace que estas iniciativas de racionalización terminen orientadas a lo que interesa a los propietarios de la capacidad industrial o la tecnología, algo, por otra parte, comprensible. Algunos de los principales programas europeos en los que participa España, o por los que ha manifestado interés, no avanzan precisamente demasiado rápido. Baste recordar los retrasos del Eurodrone, en el que se apunta ahora a Madrid por no aportar fondos suficientes, o el FCAS, en el que España ha apostado fuerte por tener igual peso que Francia o Alemania, pero para el que no posee la misma capacidad industrial que sus socios.

Lo mismo sucede con los programas de vigilancia marítima europea, ya que no pocos adolecen de la necesidad de nuevos aviones, para los que se buscan soluciones comunes también bajo el paraguas de la OTAN, pero que no llegan. Alemania encarga nuevos Eurofighter para su Fuerza Aérea a los que podrían sumarse los que el Ejército del Aire requiere para la sustitución de los F-18 canarios, ventana de oportunidad que amenaza con cerrarse si no se actúa. El único avance significativo con participación española es la corbeta europea, donde participa activamente Navantia, compañía íntegramente española (pública de hecho), lo que no sucede en el sector de plataformas terrestres y aéreas, donde sí contamos con capacidad fabril, si bien no en manos de capital 100 por ciento español.

En el caso de las plataformas terrestres, España no se ha sumado al futuro carro de combate franco-alemán, pero sí ha mostrado interés en participar, e incluso liderar, un futuro carro medio junto a socios europeos. También participa en el programa de Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de desarrollo de capacidades no tripuladas terrestres. Recordemos que el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP) invertirá 7.000 millones entre 2021 y 2027 para sistemas de armas formados por consorcios de tres empresas de tres países europeos.

Mientras se mantenga el mantra de la necesidad de concentrar la industria de defensa europea y reducir el número de programas competidores, habrá que estudiar cada una de las diferentes propuestas bajo dos prismas. En primer lugar, deberán resultar idóneas para las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas (no colocarles sin más lo que interese industrialmente); y en segundo término que la participación industrial nacional sea realmente interesante, aportando el mayor valor posible. Podría decirse que europeos sí, pero no a cualquier precio y, a ser posible, no solo aportando mano de obra competitiva.


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