El 25 de mayo terminó la XIV Legislatura de la democracia. Estos cuatro años, que deberían ser cinco, contando desde la moción de censura, han venido marcados por dos acontecimientos extraordinarios que han condicionado todos los aspectos de la vida política, económica y social del mundo: la pandemia y la guerra de Ucrania. Resulta imposible aislar todo lo que ha acontecido de estos dos fenómenos.
En estos cinco años, el Gobierno lanzó programas por un importe cercano a los 20.000 millones de euros, una cantidad única para un periodo tan corto. Solo los 10.000 millones de la legislatura 1996-2000 se acercan a estas cifras. En la comparecencia en el Congreso para presentar los presupuestos de 2022, la secretaria de Estado de Defensa anunció la imposibilidad de iniciar un nuevo contrato antes de 2027.
La lista de los aprobados por el Gobierno desde octubre de 2021 hasta la actualidad deja en evidencia el impacto que ha supuesto y supondrá la amenaza militar rusa, que nos era totalmente ajena al hacerse aquella declaración institucional. La labor del actual Gobierno comenzó en diciembre de 2018 con la aprobación en Consejo de Ministros de 3 programas por importe de 7.331 millones y terminará con el lanzamiento del VAC (Vehículo de Apoyo al Combate), que completará un importe superior a los 20.000 millones de euros invertidos en modernización de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, este gigantesco y ambicioso programa solo ha comenzado a tener un o reflejo presupuestario en 2023, cuando el presupuesto de los programas especiales de armamento pasó de 2.850 millones de euros en 2022, a 4.900 millones en este año, especialmente para abordar compromisos ya adquiridos.
Para afrontar los casi 40.000 millones que habrá que abonar en los próximos doce años será necesario mantener este presupuesto de 2023 en términos constantes durante todo este largo periodo. Ningún nuevo gobierno afrontará este problema, por lo que el modelo continuará explotándose para mantener el esfuerzo inversor.
No obstante, tiene toda la lógica que los sistemas se abonen a lo largo de su vida operativa, que es, a veces, demasiado larga. Pero, a pesar de este significativo incremento, seguimos en un gasto del 1 por ciento del PIB, el menor de la OTAN, y con un importe de nuevos programas que se ve ampliamente superado por todos los grandes países europeos. Es decir, son insuficientes, como también lo sigue siendo el presupuesto. Y estas son dos tareas ineludibles para la siguiente legislatura.
Un endeudamiento alto por los PEA (Programa Especial de Armamento) y una escasa flexibilidad presupuestaria son dos limitantes extraordinarios para nuestra política de seguridad a futuro. Junto a estas, hay dos decisiones estratégicas, desde el punto de vista operativo, que deberían solventarse pronto: el reemplazo de los F-18 y de los Harrier II Plus, optando por una solución americana o abandonando determinadas capacidades que, a mi juicio, hoy son más necesarias que nunca, como es la aviación embarcada y un redimensionamiento de nuestras fuerzas armadas.
Los riesgos a nuestra seguridad se han incrementado exponencialmente y unas fuerzas de apenas 115.000 efectivos parecen insuficientes. Deberíamos apostar por llegar a los 140.000 hombres y mujeres para movernos en cifras homologadas a nuestros vecinos europeos.
La lógica de estas cifras abona la idea de aprovechar este impulso inversor para definir una estrategia industrial nacional, que es otro papel que el Gobierno ha presentado recientemente. Tenemos una gran industria, pero el 75 por ciento de su facturación está en manos extranjeras, este es otro dato que nos debe hacer reflexionar sobre cómo abordar la estrategia industrial y el aseguramiento de capacidades tecnológicas e industriales en el territorio.
Si algo debe mantener España como gran y absoluta prioridad es la capacidad de integración de plataformas aéreas, terrestres y navales, lo cual implica reforzarlos industrialmente y no condicionarlos a estructuras empresariales que disminuyen su papel de integradores y, por tanto, de asumir la total responsabilidad sobre sus sistemas, algo que debería ser un elemento irrenunciable.
Tendríamos que pensar qué vamos a hacer con la estructura de la industria aeronáutica alrededor del A400M, cuando este año se entregará nuestro último avión y la línea de montaje se cerrará en unos cinco años. España deberá hacer un esfuerzo industrial adicional para que el próximo programa aeronáutico europeo tenga a Sevilla como uno de sus principales polos industriales.
En segundo lugar, deberíamos asegurar el control de la producción de munición, que está en manos extranjeras en su totalidad; y en tercero hemos de fortalecer la soberanía en subsistemas básicos para nuestras plataformas: comunicaciones, software, optrónica, EW, inteligencia, armamento y se podrían añadir algunas más.
Cualquier acción industrial, política o empresarial en estos sectores necesita un estudio de impacto que involucre a todas las partes interesadas, previo a cualquier proceso administrativo. Otro aspecto esencial es la innovación. La industria debe ser innovadora para ser competitiva y esto no supone replicar nacionalmente un producto maduro en otros mercados, simplemente para obtener una cuota. No hay que inventar la pólvora, sino mejorar la funcionalidad y la operatividad.
Lo contrario sería perjudicar al usuario. La inversión pública en innovación de Defensa es ridícula y una prueba más de la escasez de ambición. Un país como el nuestro debería dedicar a I+D al menos un 20 por ciento de su presupuesto de inversión.
Por ejemplo, contrasta el programa Eurofigther, con una fase de desarrollo en la que se invirtieron 12.300 millones de euros de 1993 para construir 7 prototipos antes de lanzar la producción definitiva; y con el S-80 se contrató la construcción de 4 submarinos sin que existiera un prototipo, introduciendo todos los riesgos tecnológicos al programa de inversión con las consecuencias conocidas.
Lo mismo aplicaría para subsistemas que deberían ser evaluados antes de integrarlos en contratos de producción. En definitiva, ante un entorno económico complicado y con la Unión Europea en recesión técnica no se puede malgastar el dinero, hay que vigilar que los contratos se cumplen y se asumen las responsabilidades.
Debemos redimensionar las fuerzas armadas para un tipo de conflicto de mayor envergadura y asegurar una reserva estratégica. Debemos resolver la carrera militar, que incluye desde la formación y reclutamiento hasta la jubilación. Debemos dar un salto en la estructura del Ministerio de Defensa y cuarteles generales y, sobre todo, una acción política que refuerce a nuestros aliados y debilite a nuestros enemigos. Mucha tarea la que deberá afrontarse y que ahora, ante las puertas de un gran conflicto, no puede demorarse u obviarse. (Enrique Navarro, Presidente MQGloNet)
