Santa Bárbara Sistemas eleva el pulso jurídico por los grandes programas de artillería del Ministerio de Defensa y ha avanzado que acudirá a la Audiencia Nacional si el Ministerio de Defensa rechaza su recurso de alzada contra la adjudicación de los contratos a la UTE formada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical Engineering. La compañía recuerda que Defensa tiene de plazo hasta el 22 de abril para resolver este recurso, trámite imprescindible para agotar la vía administrativa antes de abrir la contencioso‑administrativa.
La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa ha decidido no aplicar medidas cautelares y mantener en vigor las adjudicaciones de los programas especiales de modernización de artillería ATP Ruedas y ATP Cadenas, valorados en más de 7.000 millones de euros, mientras se analiza el fondo del recurso. No obstante, la propia resolución ministerial subraya que la negativa a suspender cautelarmente los contratos no anticipa el sentido de la decisión final sobre la impugnación planteada por Santa Bárbara Sistemas (SBS), que solicita la nulidad de las adjudicaciones.
En su recurso, la empresa española sostiene que la adjudicación directa a las UTE de Indra y Escribano, sin publicidad ni concurrencia, ha impedido a la Administración comparar ofertas y optar por una propuesta que considera “idónea y más ventajosa”, defendiendo que posee una capacidad técnica y una experiencia en programas de artillería superiores a las de sus competidores. SBS argumenta además que la suspensión cautelar habría sido la opción más prudente para evitar el riesgo de indemnizaciones futuras en caso de que la impugnación prospere en el fondo.
La compañía mantiene su confianza en la solidez de sus alegaciones y anuncia que está dispuesta a “acudir a todas las instancias necesarias” para defender sus derechos e intereses, advirtiendo de posibles perjuicios económicos y daños irreparables tanto para la propia empresa y sus trabajadores como para el conjunto del sector industrial de defensa si las adjudicaciones continúan adelante. A su juicio, la fórmula elegida para estos contratos estratégicos de artillería no solo la excluye de facto de la competición, sino que limita la capacidad de la Administración para obtener las mejores condiciones técnicas y económicas en unos programas clave para la modernización del Ejército de Tierra.
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