Los principales grupos de la oposición, abanderados por UPyD en una iniciativa a la que el PSOE se sumaría más tarde, presentaron ante el Tribunal Constitucional por vez primera en 2014 un recurso contra el uso de los decretos ley utilizados con este fin, alegando que el Gobierno “engañaba” a los ciudadanos aprobando año tras año unos presupuestos para el Ministerio de Defensa que luego eran incrementados recurriendo sistemáticamente a créditos extraordinarios aprobados mediante decreto ley. En julio de este año el TC les daba la razón y de nuevo lo ha hecho ahora, esta vez con respecto a los pagos así aprobados en 2015, pagos con los que se viene satisfaciendo la deuda contraída por el Estado para dotar a las Fuerzas Armadas españolas de sistemas, como el A400M, el Eurofighter, el NH90 o las fragatas F-100, entre otros.
La necesidad de acometer los pagos de estas cantidades obligaría así a incorporar esos montos anuales en los presupuestos de Defensa, una medida de difícil “digestión” pública a la que le espera un escenario de compleja estabilidad parlamentaria.