Con él se llena el vacío existente de una norma internacional reguladora de las transferencias de armas convencionales, que incluya entre ellas, además de la lista del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, las armas pequeñas y ligeras (APAL), las municiones, los explosivos, así como las partes, componentes y tecnología.
El texto recoge una explicación de los fundamentos en los que se basa el documento legal, en el que hay continuas referencias a la Carta de las Naciones Unidas y a la necesidad de una normativa que regule el tráfico de armas que resuelva los problemas que el tráfico ilícito de las mismas provoca en la población civil, con mención expresa a las mujeres y a los niños, así como a las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de dicho tráfico. Al mismo tiempo, hace una referencia al papel activo desarrollado por la sociedad civil y las ONGs.
Hay también una referencia al papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la asistencia a los Estados firmantes y el derecho legítimo al comercio, propiedad y uso legal de ciertas armas convencionales para actividades recreativas culturales, históricas y deportivas.
Los principios en los que se basa el Tratado hacen referencia a los siguientes aspectos:
• el derecho a la legítima defensa,
• la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos,
• la renuncia al recurso a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado,
• la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados,
• el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos,
• la obligación de regular el comercio internacional de armas.
Según el texto del Tratado, su primer y más importante objeto es el establecimiento de normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, eliminando el tráfico ilícito y prevenir su desvío ilegal. Todo ello con el fin de contribuir a la paz, seguridad y estabilidad tanto en el ámbito regional como en el internacional, reduciendo el sufrimiento humano y promoviendo la transparencia y la responsabilidad de los Estados en el comercio de armas convencionales.
Prohibiciones y exportaciones
El artículo 6 del Tratado se refiere a la prohibición de las exportaciones de armas, piezas y componentes y municiones, en determinadas circunstancias, incluido cuando existe un embargo de las Naciones Unidas y si esas armas pueden ser susceptibles de utilización para la comisión de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra o crímenes de guerra.
Por su parte, el artículo 7, sobre exportación y evaluación de las exportaciones, tipifica las evaluaciones objetivas que deben realizarse con anterioridad a la autorización de exportaciones que puedan atentar a favor de la violación del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, actos de terrorismo, delincuencia organizada.
Además, el texto recoge disposiciones referentes a las obligaciones del Estado importador, al tránsito o transbordo de armas y a las medidas a adoptar contra el desvío de armas convencionales.
Posición española
En opinión de España, en la elaboración y definición de los principios y criterios que deben regir el Tratado había que tener en cuenta las siguientes pautas:
• La obligación de respetar los embargos o sanciones adoptados por las Naciones Unidas y las organizaciones regionales o subregionales de las que es parte el Estado en cuestión.
• La obligación de respetar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los países de destino, evitando así que esas armas pudieran ser utilizadas para conculcarlos.
• La necesidad de tener en cuenta, con anterioridad a la autorización de su exportación, la situación del país de destino. Es decir, si existen tensiones o conflictos armados. Del mismo modo se debe tener presente la necesidad de contribuir a preservar la paz regional, la seguridad y la estabilidad.
• La necesidad de tener en cuenta la actitud hacia el terrorismo, el tipo de alianzas y el respeto del Estado que compra las armas por la ley internacional.
• El riesgo de que las armas puedan ser desviadas dentro del país en cuestión hacia grupos violentos, o reexportadas a países que puedan estar incluidos en las categorías anteriores, por ello el conocimiento del destinatario final es importante.
• La capacidad económica y técnica del país receptor de tal modo que sus compras no supongan poner en riesgo su desarrollo económico, social y la propia capacidad de sobrevivencia de su población.
Por lo que respecta a la incorporación de las disposiciones contenidas en el texto del Tratado al marco jurídico español, es conveniente señalar que el sistema español de control de las exportaciones de armas cumple ya en este momento con las disposiciones del Tratado, por lo que no será precisa modificación alguna en la normativa española que regula esta materia, sustentada fundamentalmente a través de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, del 28 de diciembre de 2007, y en su reglamento de desarrollo.
