En el marco de la cobertura que todos los medios hacen de la guerra de Ucrania, tanto especialistas como generalistas, en fechas recientes se empieza a hablar de los problemas de stock en los arsenales internacionales con motivo del envío a Ucrania de armamento y munición para sostener las operaciones que ahora cumplen un año.
La guerra en Ucrania está provocando tensiones en el mercado sobre todo en el caso de la munición pero también problemas de abastecimiento por varios cauces. En primer lugar los países comenzaron a enviar material a Ucrania procedente de sus propias reservas pero dada la continuidad de la situación, las fábricas están a pleno rendimiento para satisfacer los pedidos en curso de Ucrania como de los que la apoyan, y a su vez estos necesitan recuperar sus reservas.
En un momento como este en que la capacidad productiva está comprometida a corto y medio plazo (ya lo estaba hace meses, según nos explicaban en Eurosatory en junio), obviamente los contratos se decidirán en función del mayor precio o de la existencia de acuerdos estratégicos con los Ministerios de Defensa de los países en que se encuentran las plantas de producción o a los que pertenezcan las compañías.
Se habla ahora de alta demanda y escasez de oferta y también de problemas de abastecimiento de materias primas, sin embargo, al menos en el caso de España, esto es un reflejo de una situación que hemos denunciado en repetidas ocasiones, por ejemplo poniendo el punto de mira (permítanme la licencia) en los contratos de suministro de munición del Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En España, las principales plantas de producción de munición, desde ligera a la de artillería están integradas en el marco de grupos multinacionales, caso de Expal (adquirida el año pasado por Rheinmetall), Nammo Palencia (propiedad del grupo nórdico) y FMG (del grupo eslovaco MSM).
Estas nos llevan explicando hace años, mucho antes de la guerra de Ucrania, que la adquisición mediante acuerdos marco de munición tienen en cuenta únicamente el criterio del precio, obviando otros de carácter estratégico como la ubicación de la capacidad productiva, la supervisión de los procedimientos, de la seguridad, del cumplimiento de las normativas de calidad… Esto en muchos casos ha supuesto que la adjudicación se hiciera a compañías extranjeras por motivos únicamente económicos.
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Envío de vehículos logísticos y material de apoyo a Ucrania en octubre del año pasado (Ministerio de Defensa)
En otras ocasiones, los plazos del procedimiento de contratación obligan a la empresa a adelantar de su propio bolsillo la compra de materias primas para asegurarse el cumplimiento del contrato que aún no se ha adjudicado, situación ahora que se ve afectada por las tensiones en el mercado internacional de materias primas.
No hay que olvidar que a diferencia de las compañías que operan en sectores “comerciales”, las empresas de defensa solo pueden vender a países, sus contratos arrastran largos plazos de desarrollo y series cortas y dados los altos costes, no es posible hacer acopio con fondos propios de materias primas ni productos terminados a la espera de que un cliente los requiera.
Los envíos de material militar que ha realizado España a Ucrania van en la línea por ejemplo de munición de tamaño medio, artillería y lanzacohetes anticarro, además de los sistemas de defensa antiaérea como los Hawk o Aspide. En el primer caso se debe asegurar que las reservas se completan de nuevo y mejor aún, se incrementen desde la situación previa tras lo visto (por la propia necesidad estratégica y por estar en condiciones de apoyar a aliados y vecinos europeos o de la OTAN), iniciando los necesarios programas de adquisición, algunos de los cuales ya están en marcha con carácter de reserva estratégica, como las adquisiciones de munición para carros de combate y vehículos blindados (principalmente de 120 y 30 mm.) así como munición ligera y media para fusil de asalto y ametralladoras ligeras y medias.
Otro caso es el de los sistemas de armas entregados como los citados Hawk, equipos con muchos años de servicio a sus espaldas que era necesario ya reemplazar hace tiempo y que quizá si no hubiera sido por esta situación, no se habría decidido a poner en marcha el programa SAM que en breve analizaremos.
En última instancia, que es de lo que trataba este texto, el problema principal, puesto de manifiesto en múltiples ocasiones por la industria del sector, es la necesidad de una ley de presupuestos de Defensa que permita a las empresas planificar con antelación bajo un horizonte conocido y predecible. Una ley que goce del mayor apoyo parlamentario posible y en última instancia de la opinión pública, consciente ahora más que nunca de la importancia de la defensa y lo que ello implica en términos de las necesarias adquisiciones.
Esta misma situación que explicamos en el caso de España, es extrapolable a la Unión Europea en su conjunto, dado que si su industria no es capaz de responder a un reto como este, perderá no solo importantes contratos ahora, sino en los próximos años, poniendo en duda en última instancia su rentabilidad y subsistencia. (José Mª Navarro García)
