Este lunes, 18 de mayo, el Presidente de la República Jose Antonio Kast ingresó a la Cámara de Diputados un mensaje número 044-374 que da inicio a un proyecto de ley destinado a modificar la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción N° 18.415. La iniciativa busca otorgar expresamente al personal de las Fuerzas Armadas, cuando actúe bajo un estado de emergencia o de catástrofe, facultades claras para realizar controles de identidad, registros y detenciones en flagrancia, siempre con la obligación de poner de inmediato a los detenidos a disposición de Carabineros o la PDI.
Según los fundamentos del documento oficial, la experiencia acumulada en la Macrozona Sur y en otras zonas donde se han desplegado tropas ha dejado en evidencia la necesidad de estas herramientas preventivas. Aunque la reforma constitucional de la ley N° 21.542 ya permitió a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y realizar controles en la frontera norte desde 2023, esa habilitación no se extiende de manera clara a los estados de excepción de emergencia o catástrofe regulados por la ley 18.415.
El proyecto incorpora un nuevo artículo 7° bis que autoriza al personal militar a practicar controles de identidad y registros conforme a los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, efectuar controles preventivos según el artículo 12 de la ley N° 20.931, y proceder a detenciones por flagrancia de acuerdo a los artículos 129, 130 y 134 del CPP, con la obligación de entregar de inmediato al detenido a las policías y cumplir estrictamente con los derechos del imputado.
El Ejecutivo argumenta que estas medidas son acotadas, proporcionales y transitorias, limitadas estrictamente al período de vigencia del estado de excepción. Además, el informe financiero adjunto señala que no generará gasto fiscal adicional, ya que se implementará con la dotación y recursos actuales del Ministerio de Defensa.
La iniciativa llega el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. Se trata de una extensión más, ya van decenas desde su inicio en 2022, que refleja tanto la persistencia de la violencia como la dificultad para encontrar una salida definitiva al conflicto en la Macrozona Sur.
En los últimos años, el despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido clave para apoyar a las policías en el control territorial y el resguardo de rutas y comunidades. Sin embargo, diversos informes y debates parlamentarios han señalado limitaciones operativas que este proyecto busca resolver, especialmente en materia de identificación preventiva, un instrumento cotidiano para Carabineros pero restringido para los militares en este tipo de estados de excepción.
Perspectiva más amplia
Este no es el primer intento de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. En años recientes se han aprobado o discutido reformas para el resguardo de fronteras y la protección de infraestructura crítica. La actual propuesta se enmarca en un esfuerzo por cerrar brechas normativas que, según el Gobierno, debilitan la efectividad del despliegue militar en escenarios de grave alteración del orden público o catástrofe.
El proyecto pasará ahora a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja para su discusión en general. Su tramitación será observada con atención por parlamentarios de distintos sectores, especialmente aquellos que han criticado la “normalización” del estado de excepción y reclaman un plan integral de salida que combine seguridad, desarrollo y diálogo en la Macrozona Sur. (Luis Andres Lautaro)
Deje un comentario
Su e-mail no será publicado.
Los comentarios que no se atengan a las normas de participación podrán ser motivo de expulsión.