El Gobierno aprobó el embargo de armas con Israel que, entre otras medidas, prohibirá hacer escala en España a buques que lleven combustible a sus Fuerzas de Defensa, el tránsito de aviones con material militar destinado a Israel y la compra de productos procedentes de los asentamientos israelíes. El texto incluye una disposición adicional para sortearlo en circunstancias excepcionales que afecten al interés general.
Es parte de un paquete de medidas más amplio para establecer la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar y que proteja al Gobierno de reclamaciones e indemnizaciones por contratos adjudicados y en curso, como los 4 ya anulados de más de 1.100 millones de euros.
Comprenden lanzacohetes SILAM, misiles Spike LR2, inhibidores vehiculares y pods de designación de objetivos Litening; y una decena de expedientes de sostenimiento, de sistemas en servicio (como morteros, designadores de láser o torres de empleo remoto). Se espera que la lista crezca, pues hay expedientes en fase de entrega adjudicados a firmas israelíes, sus representantes u otros de empresas españolas con su tecnología.
Los orígenes del plan hay que buscarlos a finales de mayo, tras la feria FEINDEF (donde se vetó a las empresas israelíes y sus filiales españolas), cuando la ministra de Defensa trasladó a los responsables de las sociedades españolas la idoneidad de cortar lazos. Entonces aun se diferenciaba entre comprar armas o tecnología, pero se habían parado las licencias de importación de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso.
Después, la secretaria de Estado de Defensa confirmó que se trabajaba para eliminar la dependencia de fuentes israelíes a través del Plan Industrial y Tecnológico anunciado en abril, que pretende fomentar la autonomía, apuesta loable en un área estratégica, si bien la dependencia de tecnólogos internacionales en muchos sistemas de las Fuerzas Armadas es norma desde hace décadas. Para cubrir las carencias es necesario iniciar programas de I+D+i, dotarlos de los fondos y apoyar la industrialización. Pero este proceso puede tomar años, en los que se deberá dar alternativas a las Fuerzas Armadas a sistemas seleccionados por sus cualidades técnicas.
Cabe plantearse qué pasará con los programas en fases avanzadas de desarrollo y suministro. ¿Se iniciarán procesos competitivos con nuevos tecnólogos?; ¿se salvarán programas si se cambia sobre la marcha la tecnología y los planes industriales?; ¿qué pasará con los sistemas de procedencia israelí en servicio y su sostenimiento?; ¿habrá que retirarlos y remplazarlos cuando les quedan muchos años de uso?
Son escenarios para los que no existe una solución fácil ni rápida, y más cuando se afrontan largos plazos de entrega por la alta demanda de la guerra de Ucrania y la reducción de proveedores (la tecnología estadounidense tampoco parece estar en la lista de prioridades). Quedan por el camino las empresas que tenían acuerdos de colaboración, que ven limitadas sus opciones, abriéndose otro movimiento en el seno de la industria destinado a cubrir el hueco.
Es posible que las indemnizaciones y sobrecostes permitan superar de largo el compromiso del 2 por ciento del PIB destinado a Defensa comprometido con la OTAN. Es posible también que los movimientos de Trump con Israel para poner fin a la guerra en Gaza reconduza el actual escenario de “desconexión”. En cualquier caso ese escenario ha dervivado en la activación de planes que permitan mayor soberanía tecnológica en sistemas de armas y ese camino es solo de ida, no de ida y vuelta.
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