El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció inversiones por 230 millones de dólares para la compra de equipamiento militar y de tecnología para enfrentar al crimen organizado y rastrear capitales ilícitos, no sólo del narcotráfico, sino también posibles vínculos con la política. En la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, afirmó que no nos vamos a detener porque esta guerra no es sólo contra un producto, sino contra un sistema. Añadió que seguirá equipando y fortaleciendo a la policía y a las Fuerzas Armadas y que el país necesita inteligencia compartida, intercambio de información y un control estricto de sustancias. Mientras Ecuador se esfuerza para combatir estos delitos en la frontera otros países no muestran reciprocidad y no actúan con firmeza, señaló en alusión a Colombia y la guerra de aranceles por la falta de colaboración para combatir el crimen organizado, según se quejó Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano impuso la semana pasada aranceles del 30 por ciento a todos los productos colombianos, aduciendo la falta de presencia del Estado en la zona limítrofe para combatir el narcotráfico y las bandas criminales. Colombia, que negó la acusación, reaccionó con una medida similar. También anunció un plan de seguridad para este año que integra el control territorial con inteligencia e identifica los flujos de dinero ilícito que, de acuerdo con organismos internacionales y el Gobierno, podrían estar contaminando la administración pública y actores políticos. La actividad de bandas criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, secuestros y extorsión, empezó hace casi un lustro en Ecuador y su desbordado crecimiento obligó a Noboa a declarar en enero de 2024 el estado de conflicto armado interno y calificar a 22 organizaciones como terroristas. Algunos de sus principales líderes han sido capturados.
Cifras récord de violencia
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con más de 9.200 asesinatos. La inseguridad y la criminalidad asedian a la nación desde hace un lustro debido a la expansión de bandas locales aliadas con cárteles transnacionales, con el subsecuente uso de los puertos para el traslado de drogas. Desde el 1 de enero la provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción, lo que permite la acción conjunta de policías y militares.
El mandatario explicó que la estrategia prioriza acciones coordinadas y sostenidas, alejadas de medidas aisladas que limitaron la respuesta estatal durante años. En ese contexto, sostuvo que la respuesta estatal integra capacidades financieras, operativas y militares con enfoque territorial y decisión política. Detalló que la estrategia conecta el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, los organismos de Inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Compras previstas
El objetivo apunta a recuperar el control de las calles mediante despliegue de fuerza y combate directo a los patrocinadores políticos del crimen organizado. Recalcó que enfrentar al crimen organizado requiere recursos, planificación estratégica y firmeza institucional constante. En esa línea, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que el plan de seguridad cuenta con una inversión de 180 millones de dólares para este año. Estos recursos permitirán ejecutar 11 proyectos estratégicos destinados a fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Entre las adquisiciones previstas constan siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito y un sistema radar 3D. Incluye escáneres y UAV (Unmanned Aerial Vehicle) para reforzar operaciones de vigilancia y control fronterizo. El Ministerio moderniza los sistemas tácticos de inteligencia militar.
Este proceso permitirá anticipar riesgos, prevenir ataques y proteger infraestructuras estratégicas del país. Asimismo, anunció el refuerzo de la movilidad operativa en aire, mar y tierra. Estas acciones ampliarán la cobertura territorial y fortalecerán la presencia estatal en zonas críticas. Sobre la minería ilegal, el ministro aseguró que los operativos continúan y se endurecerán. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el plan de seguridad incorpora tecnología avanzada, implementando sistemas IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica. Sumados a los 180 millones del plan principal, el Estado destina 230 millones a la seguridad nacional. Parte de estos recursos se asignarán para mejorar tecnología y capacidad de respuesta.
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