En un reciente artículo “el planeamiento de la defensa, el plan de “rearme” y la industria”, publicado en el Cuaderno 43 del Primer trimestre de 2026 del Centro de Pensamiento Naval de la Armada, el almirante retirado Luis Cayetano y Garrido analiza el mayor ciclo inversor en Defensa de España desde la Transición.
Sin embargo, para el autor, esto se está abordándose sin disponer aún del andamiaje estratégico estable que oriente ese esfuerzo ni garantice que se traduzca en capacidades militares reales y en una industria más sólida, innovadora y resiliente.
El texto parte de un diagnóstico contundente: la guerra ha vuelto a Europa, con una Rusia abiertamente revisionista que ha pasado de Georgia (2008) y Crimea (2014) a una invasión a gran escala de Ucrania desde 2022, consolidando el control sobre alrededor del 15% del territorio del país. La Unión Europea y España afrontan este escenario con Fuerzas Armadas debilitadas tras décadas de “dividendos de la paz” y una fuerte dependencia de Estados Unidos para la disuasión, lo que ha generado brechas críticas en defensa aérea, guerra antisubmarina, logística en entornos hostiles y producción de misiles.
A este entorno de alta inestabilidad se suma la aceleración tecnológica y la irrupción de capacidades basadas en tecnologías disruptivas y duales, que abren nuevos dominios de operación como el espacio, el ciberespacio y el ámbito cognitivo. La conclusión operativa es clara: la disuasión moderna exige una transformación profunda de las Fuerzas Armadas, combinando la recuperación de capacidades perdidas con la incorporación de sistemas avanzados que permitan operar en conflictos de alta intensidad.
La gran ausente: una Estrategia Nacional de Defensa
El autor subraya que el pilar decisivo no es tanto el dinero como la existencia de una Estrategia coherente que sirva de guía al planeamiento de la defensa y a la industria. Distingue cuidadosamente entre política y estrategia y propone articular una Gran Estrategia —la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN)— de la que debería derivarse una verdadera Estrategia Nacional de Defensa que incluya tanto la Estrategia Militar como la Estrategia de la Industria de Defensa.
España cuenta con una extensa constelación de documentos (ESN 2021, Concepto de Empleo de la Fuerza, Estrategia Industrial de Defensa 2023, estrategias de seguridad marítima, espacial o contra el crimen organizado), pero carece de una Estrategia Nacional de Defensa como tal, aprobada con consenso de Estado en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Ello genera, según el análisis, confusión terminológica entre seguridad y defensa, dispersión documental y, sobre todo, ausencia de un marco único que defina las capacidades necesarias, su nivel de ambición y el papel de la industria.
La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que acaba de cumplir veinte años, aparece así desfasada frente a un entorno estratégico radicalmente distinto, lo que lleva al autor a plantear su reforma para adaptarla a las nuevas amenazas y a la realidad de la industria.
Un planeamiento rígido y una industria que condiciona la fuerza
El planeamiento de la defensa pivota sobre la ESN, la Directiva de Defensa Nacional (DDN) de 2020 y la Directiva de Política de Defensa (DPD), y desemboca en un Objetivo de Capacidades Militares (OCM) que fija la fuerza conjunta a corto, medio y largo plazo. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) es el responsable de determinar capacidades, priorizarlas y establecer el Objetivo de Fuerza a 15 años, pero el proceso se percibe como poco flexible, muy burocratizado y con demasiadas “autoridades de planeamiento”, entre ellas SEDEF y SUBDEF, que no siempre aparecen subordinadas en la práctica a los criterios del JEMAD.
A pesar de que la reforma del planeamiento de 2015 pretendía ganar agilidad, la combinación de lentitud en la elaboración de estrategias y directivas y exceso de actores hace que esa flexibilidad no se materialice. Para el autor, se ha invertido la lógica deseable: la industria de defensa tiende a condicionar el planeamiento de las Fuerzas Armadas, y no al revés, en un contexto de escasa transparencia en licitaciones y adjudicaciones negociadas sin publicidad que debería limitarse a casos realmente perentorios.
Rearme europeo: fondos abundantes, ambición desigual
En el plano europeo, el artículo describe un ecosistema de iniciativas sin precedentes: el Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP) y la Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD) como brújula para alinear los planeamientos nacionales; el Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP) y el Fondo Europeo de Defensa (EDF), dotado con 7.953 millones de euros entre 2021 y 2027, para reforzar la Base Industrial y Tecnológica de Defensa (BITD); y mecanismos como EUDIS, PESCO o el Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP), con 1.500 millones previstos para 2026‑2027.
El Plan “Rearmar Europa/Preparación 2030” y los fondos SAFE apuntan a movilizar hasta 800.000 millones de euros en cinco años, de los que 150.000 millones se canalizarían como préstamos para capacidades prioritarias como munición, defensa aérea o guerra electrónica. Dieciocho Estados miembros se han acogido a estos créditos: Polonia lidera las asignaciones con más de 43.000 millones, seguida por Rumanía, Francia e Italia, mientras que España se sitúa casi a la cola, con algo más de 1.000 millones.
El contraste es llamativo: mientras Bruselas fija el objetivo de que el 40% de las adquisiciones militares de la UE sean conjuntas antes de 2027 y limita al 35% el peso de componentes extracomunitarios, España llega tarde y con baja ambición a un ciclo inversor que, de aquí a 2030/2035, definirá la autonomía estratégica europea y redescribirá la BITD.
.jpg)
Mezcla de helicópteros de la Armada española (Armada)
España: gran esfuerzo inversor, dudas de rumbo
En el ámbito nacional, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de abril del año pasado moviliza más de 10.471 millones de euros en su primer ejercicio, con el propósito de modernizar capacidades de disuasión, impulsar tecnologías duales y conectar grandes empresas con PYMEs bajo el principio de autonomía estratégica. A ello se suman los Programas Especiales de Modernización (PEM), financiados mediante préstamos a interés cero canalizados por una batería de reales decretos a partir de septiembre de 2025.
Solo en el ámbito aéreo, Airbus Defence and Space y Airbus Helicopters recibieron 3.940 millones de euros, mientras que otros 700 millones se han destinado a sistemas aéreos de última generación. En noviembre de 2025 se aprobaron 18 PEM por 6.300 millones, de los que alrededor del 87,3% recayeron en Indra y Airbus, orientados a helicópteros, drones, artillería antiaérea, ciberdefensa y vehículos para la Infantería de Marina. Una semana más tarde se añadieron 10.000 millones en créditos, incluidos 3.200 millones para la modernización de las fragatas “Álvaro de Bazán” y 6.738 millones para artillería autopropulsada.
El problema, según el análisis, no reside ya en la falta de recursos sino en su continuidad y orientación: sin un marco estable y predecible a largo plazo, España corre el riesgo de encadenar otro ciclo de gasto sin estrategia, con programas que se eternizan en desarrollo y absorben presupuesto durante décadas. El debate sobre la versión antisubmarina del helicóptero NH90 para la Armada, con estudios de viabilidad y pequeños paquetes de I+D desde hace años, se presenta como ejemplo de una modernización que puede llegar tarde respecto a las nuevas necesidades operativas.
PYMEs, clústeres y la batalla por la BITD
Quizá el punto más crítico del artículo se centra en la estructura de la industria: la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) no es un mercado normal, depende de un único comprador dominante —el Estado— y obliga a las empresas a exportar y a tejer alianzas paneuropeas para sobrevivir. En ese contexto, cerca del 80% de los fondos no se distribuyen de manera transparente y la mayor parte se canaliza hacia grandes grupos públicos o semipúblicos, dejando a las PYMEs e industrias de tamaño intermedio en posición subordinada, solo accesible a través de las “empresas tractoras”.
Sin embargo, las PYMEs representan alrededor del 90% de los proveedores de defensa en Europa, con unas 2.500 compañías involucradas, y constituyen la verdadera columna vertebral del ecosistema tecnológico. El rearme europeo solo tendrá éxito, concluye el autor, si integra plenamente a estas empresas, aprovecha su agilidad y protege los clústeres como interlocutores imprescindibles frente a los ministerios de Defensa e Industria, en línea con el Eje 10 de la Estrategia Industrial de Defensa 2023, que llama a un diálogo fluido y constante con empresas, asociaciones y clústeres.
El ejemplo de Alemania, que ha habilitado vías de financiación directa para startups y PYMEs en defensa, sin pasar por los ciclos burocráticos tradicionales y permitiendo que presenten sus tecnologías directamente a los mandos operativos, ilustra un modelo alternativo que rompe el monopolio de los grandes contratistas en las decisiones estratégicas.
El texto se cierra con una advertencia y una pregunta. La advertencia: la guerra está cambiando —como demuestra el uso masivo de drones navales ucranianos para negar el mar a la flota rusa del Mar Negro— y la industria debe acompañar ese cambio con sistemas robustos, fáciles de mantener, con cadenas logísticas seguras y rápida eliminación de obsolescencias. La pregunta: ¿será este impulso el inicio de una “nueva era industrial” para España o quedará en otro ciclo de gasto sin Estrategia, en el que se sustituyen los ciclos de inversión por una sucesión de anuncios sin continuidad?
Para evitar este desenlace, el autor reclama un marco estable de inversión a largo plazo, una Estrategia Nacional de Defensa que vertebre la modernización militar e industrial, y una reformulación del planeamiento que coloque de nuevo a las Fuerzas Armadas —y no a los grandes contratistas— en el centro de la toma de decisiones. (José Mª Navarro García)
32 comentarios