La disminución del precio del cobre reabre la discusión sobre los recursos para las Fuerzas Armadas de Chile
Un gran porcentaje de los recursos con que el Estado de Chile enfrenta sus obligaciones proviene de los ingresos por ventas de cobre. Una de estas obligaciones es la Defensa Nacional, cuyo financiamiento para compra de pertrechos proviene de la Ley 13.196 o “Ley del Cobre”. La modalidad de financiar la Defensa con recursos específicos en lugar de recurrir al presupuesto normal de la nación se remonta a 1938, cuando por ley se destinó a compras bélicas el 90% del arrendamiento de terrenos fiscales de la Provincia de Magallanes.
Para administrar estos fondos y los provenientes de otras dos leyes del mismo año, se creó en 1942 el Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA), organismo integrado mayoritariamente por militares. El parlamento quedó al margen de estas decisiones, tal como señala la Cámara de Diputados en su Memoria 2011-2012, donde, al reseñar la tramitación del cambio de la Ley del Cobre, indica que dicha tarea “reintegra al Congreso Nacional al debate público en estas materias, situación en la que no participaba desde 1958”. El CONSUDENA cesó sus funciones en 2010 y sus tareas fueron asumidas por el Ministerio de Defensa. El debate en torno a esta modalidad de financiamiento ha sido permanente, pero recrudece cuando los recursos asociados a esta ley son significativos, ya sea porque superan largamente el mínimo, o por el contrario cuando gran parte de los aportes de CODELCO van a cubrir las obligaciones de dicha ley, como es el caso de los resultados del primer semestre...
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