El 26 de julio de 2016 pasará a la historia como el día en que el Gobierno nacional del Presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timoleón Jiménez “Timochenko” suscribieron el acuerdo de paz que puso fin a 52 años de guerra entre el Estado colombiano y el grupo narcoterrorista de las FARC. Una guerra que deja más de 274.000 muertos y más de siete millones de afectados, un conflicto en el que, durante años, la falta de iniciativa de sucesivos gobiernos para combatirlo permitió a las FARC ganar posicionamiento a lo ancho del territorio nacional, fortalecerse con el negocio del narcotráfico, la extorsión y el secuestro y el que políticamente ganaran adeptos internacionalmente, al punto que algunas organizaciones de países europeos vieran con buenos ojos la supuesta lucha guerrillera que un grupo de pobres campesinos mantenían contra una oligarquía acentuada en el poder y completamente indiferente a la problemática de pobreza que se podía ver en zonas apartadas de la geografía nacional.
Colombia vivió años de incertidumbre y dolor, cuando las FARC, aprovechando unas Fuerzas Militares (FFMM) débiles, poco entrenadas y mal equipadas, atacaban sin tregua bases militares con consecuencias devastadoras para la moral de la tropa, una Fuerza Aérea que no podía cubrir el territorio nacional y, sobre todo, dar apoyo aéreo a las poblaciones que eran atacadas, ataques que dejaron cientos de soldados y policías muertos o secuestrados. Pero pese a este oscuro panorama, desde los distintos ejecutivos dotar a las FFMM de Colombia no era una prioridad, manteniendo unas Fuerzas Armadas que pedían a gritos inversión y equipos que les permitieran combatir en igualdad de condiciones contra guerrilleros con alta experiencia en combate y armados con armas no convencionales, como los famosos cilindros bomba, que no reconocían víctimas civiles o militares.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana y tras una fallida negociación, casi circense, en 1999, con la ayuda de los Estados Unidos, se gestó el llamado Plan Colombia, un acuerdo entre los dos países encaminado a dotar a las FFMM colombianas de los equipos necesarios para combatir el narcotráfico y que sirvió en cierto modo para combatir a los grupos guerrilleros que se lucraban de este negocio, siendo las FARC el más golpeado con la muerte de sus comandantes guerrilleros, como Raúl Reyes, Negro Acacio o Mono Jojoy . El golpe más duro para la guerrilla fue la muerte de su comandante Alfonso Cano, quien tomaba las riendas del grupo narcoterrorista tras la muerte natural de su mítico comandante: Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo.
Aunque es cierto que el panorama cambió y el equipamiento de las FFMM de Colombia mejoró, sin los millones de dólares recibidos de los EEUU cada año, el Gobierno nunca hubiera podido dar los golpes contundentes realizados durante el ejecutivo de Álvaro Uribe, pues la inversión nacional siempre estuvo encaminada a aumentar el pie de fuerza y en pocos casos se adquirieron los equipos necesarios para una guerra de guerrillas, muy bien manejada por las FARC. Seguían las emboscadas a soldados que eran transportados en camiones de fabricación civil con distintivos de las FFMM, camiones sin ningún tipo de blindaje que les garantizara la sobrevivencia en las zonas rojas y que por el contrario ponían en bandeja de plata, como carne de cañón, a los miembros del Ejército.
El descuido del gobierno nacional llegó a ser tal, que las bombas guiadas que acabaron con la vida del comandante de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano fueron facilitadas por el gobierno estadounidense y sólo podían usarse bajo autorización de este país. La pregunta es sencilla, un sistema de armas tan importante para poder golpear con precisión al grupo guerrillero, ¿por qué nuca fue adquirido directamente por el Ministerio de Defensa?, ¿ por qué nuevamente se necesitó de la ayuda de un tercer país para contar con un sistema de tan fácil adquisición?
Uno de los pilares fundamentales en la guerra que libró el estado colombiano contra las FARC fue el crecimiento en pie de fuerza del Ejército, que cuenta en la actualidad con más de 240.000 uniformados y que consume la mayoría de los recursos aprobados dentro del presupuesto de defensa, que para el año 2016 fue de más de 10.000 millones de dólares, destinando solo 366 millones a la inversión y compra de equipos nuevos con que dotar a todas las FFMM y Policía, una cifra extremadamente pequeña, teniendo en cuenta que el presupuesto colombiano de Defensa es el segundo con más recursos destinados en Suramérica.
El pasado 26 de septiembre el grupo guerrillero de las FARC firmó el acuerdo de paz que pone punto final a la guerra. Tras ese paso hay que reconocer el coraje y compromiso de los más de 500.000 uniformados con los que cuentan las FFMM y la Policía de Colombia, quienes con las pocas herramientas que los sucesivos gobiernos les dieron pudieron doblegar a las FARC y que éstas entendieran que por la vía de la fuerza, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, nunca iban a llegar a tomar el poder en Colombia. Este grupo de uniformados es el que hoy pueden sentirse orgulloso de lo acontecido en la ciudad de Cartagena. No queda más que recordar hoy y valorar como merece el sacrificio de los miles de militares que fueron asesinados en cumplimiento de su deber constitucional, en la defensa de Colombia. (Carlos Vanegas, corresponsal de Grupo Edefa en Colombia)
