El Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP). Como ya pasó por la Cámara y no fue alterado por los senadores, el texto sigue directo a la firma del presidente Michel Temer y del ministro Raúl Jungmann. Desde la creación del ministerio extraordinario de la Seguridad Pública y el anuncio de la intervención federal en Río de Janeiro, las negociaciones en torno al texto ganaron mucha fuerza. El proyecto fue aprobado en la Cámara en abril, luego enviado al Senado y ganó un impulso en la tramitación el pasado miércoles. Los senadores se reunieron en la CCJ (Comisión de Constitución y Justicia) de la Cámara Alta y aprobaron un informe favorable al proyecto. El texto fue entonces incluido en la agenda de votaciones de la sesión plenaria del Senado marcada para el mismo día. A principios de la noche, los parlamentarios aprobaron una solicitud de tramitación en régimen de urgencia. El proyecto fue aprobado luego en votación simbólica. Los parlamentarios defendieron que la propuesta no se modificara para que no necesitaba regresar al análisis de la Cámara.
El objetivo de la propuesta es integrar datos y la actuación de los órganos de seguridad pública y defensa social de las 27 unidades de la federación. El SUSP será integrado por la Policía Federal, Policía Rodoviária Federal, Policía Ferroviaria Federal, policías civiles, policías militares, cuerpos de bomberos militares, agentes penitenciarios y guardias municipales. El Ministerio de Seguridad Pública, comandado por Raúl Jungmann, será responsable de la gestión del sistema integrado.
Por el texto aprobado, el Susp deberá crear estrategias comunes para la actuación en la prevención y control de crímenes. Los registros de ocurrencias policiales, por ejemplo, necesitará ser unificados y compatibles en todo el sistema. El proyecto prevé que la integración de los órganos deberá permitir operaciones ostensivas, investigativas y de inteligencia, contando con la planificación y la participación de diferentes instituciones de la red. La propuesta aprobada también crea la Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social (PNSPDS) con la finalidad de promover la integración en acciones estratégicas y operacionales en el área de seguridad, ampliar las acciones de prevención de crímenes e integrar los datos de todo el país. El texto establece que se crearán metas para el desarrollo del programa, con evaluación anual del cumplimiento de las directrices.
La Política Nacional de Seguridad Pública tendrá entre sus objetivos la capacitación de los profesionales de seguridad pública, la estandarización de estructuras y tecnología y la integración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para perfeccionar la legislación penal. Durante el análisis del proyecto, parlamentarios de la oposición defendieron que fueran retirados del Susp los órganos del sistema socioeducativo, responsables de la resocialización de jóvenes infractores. Para el senador opositor Humberto Costa, que presentó enmienda para eliminar el pasaje del texto, estos podrán sufrir con reducción de inversiones."Lo que ya no es prioridad hoy, dejará de ser prioridad de forma absoluta", dijo. El intento de retirar ese punto del proyecto no fue acatado por los senadores y los agentes socioeducativos permanecieron en el texto.
El miembro informante, el oficialista Antonio Anastasia, dijo que la inclusión de los agentes socioeducativos en el sistema no traerá ningún perjuicio a esos profesionales. Explicó que la ley sólo prevé que los órganos se incluyan dentro de una política nacional unificada. Para Anastasia, la aprobación irá, inclusive, a generar economía presupuestaria. "La falta de esa coordinación y de la utilización de esos recursos acaban llevando no sólo a un desperdicio de valores, sino a la ausencia de buenos resultados en el tema de la seguridad pública", dijo. (Javier Bonilla)
