La ministra de Defensa uruguaya, Sandra Lazo, informó a la prensa, contradiciendo declaraciones recientes del responsable de la banca estatal, Álvaro García, que se han congelado los pagos al astillero Cardama. El presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay había ratificado la condición de irrevocable de la carta de crédito emitida anteriormente a favor del grupo naval gallego y de futuros pagos al respecto, con lo que la situación crea una tensión interna dentro del oficialismo.
De una forma un tanto curiosa, la titular de Defensa se ha quejado, además, porque según informaciones de sus enviados a Vigo, en las últimas jornadas habrían sido acelerados los ritmos de construcción de los navíos. Por ello, existe un peculiar temor en el gobierno de que mayores avances en la obra dificulten las, desde el 22 de octubre pasados, declamadas intenciones de rescindir el contrato con la empresa, no por incumplimientos, sino por un tema de garantías.
Uruguay, además, pese a haber elegido oficialmente en agosto de 2024 a la certificadora Lloyds Register, tras declarar en forma inexacta el prosecretario presidencial Jorge Díaz que la había contratado Cardama, acaba de sumar también a Bureau Veritas a esta función.
Díaz es el principal interesado en rescindir el contrato, mientras que otras figuras del gobierno, como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se declaró en España favorable a negociar con Cardama el tema de la Garantía y a aceptar la mediación propuesta por el abogado y ex ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, la cual fue rechazado por el prosecretario presidencial, culminando ese proceso abruptamente.
Por otra parte, la excesiva e intencionada difusión del diferendo entre el astillero y el gobierno uruguayo le está trayendo al mismo los primeros problemas y dudas de los proveedores, aspecto que preocupa especialmente en momentos en los que se preveía integrar próximamente los motores Caterpillar y otros insumos, como si algunas autoridades del Uruguay quisieran forzar un incumplimiento contractual para apresurar la rescisión del contrato, hoy vigente y con casi un 70% de la parte estructural del primer navío construido, además de presentada, en las últimas horas, la quilla de la segunda unidad.
Entra China en escena
En este contexto, son crecientes y exponenciales los rumores de que se intentaría volver a la más que polémica opción de 2022 por OPV de factoría china (siendo los buques pesqueros de este origen el principal predador de las aguas uruguayas, una de las funciones de control que habrán de asumir los OPV, y no presentar, además, tecnología occidental sus navíos militares). A esto se le suman diversos contactos oficiales y oficiosos de jerarcas militares e industrias navales de esa procedencia, así como entrevistas radiales o televisivas del embajador chino en Uruguay resaltando las virtudes de los astilleros de su país.
De hecho, la interacción diplomática entre China y Uruguay - también hoy diplomáticamente cercano al eje neo bolivariano de Colombia y ahora Brasil-aumenta significativamente en los últimos meses. Simultáneamente, se produce un alejamiento de Europa tras la suspensión inicial de la firma del anunciado acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (que incluso se traducirá en pocos días en presiones y retaceos oficiales a los bancos que localmente trabajan con cuentas en euros o dólares), lo que no ayuda a negociaciones binacionales.
A su vez, la interna naval se ha complicado, no sólo con el tema Cardama, también por las repetidas dudas jurídicas respecto a la improcedencia o no de la designación de su actual Comandante en Jefe (el primero integrante de la Prefectura Nacional Naval), Almirante Elizondo, y a una abogada que firmó el parecer favorable a dicho ascenso, estando ya retirada y brevemente reincorporada sólo a tales efectos.
En esa estela de sucesos se produce otra instancia interna relacionada con Cardama y el actual incremento del poder de la Prefectura dentro de la Armada, ya que los observadores navales enviados a Vigo por Uruguay responden no a la Dirección de Material de la Armada, como marca la norma, sino a la Comisión Técnica de Marina Mercante, la cual no puede intervenir en la construcción de buques militares, por lo cual su presencia en Galicia podría discutirse. (Javier Bonilla)
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