Los trabajos se ejecutan según contrato de 2024, plenamente vigente y con más del 60% de la obra estructural ya construida, además de encargados los componentes electrónicos y mecánicos para el resto del proceso. El gobierno de Uruguay anunció el pasado mes de octubre la rescisión del contrato con el astillero español y la
retirada de los inspectores navales uruguayos de Vigo, medida jurídica que aún no se produjo, retornando de hecho a Cardama los citados inspectores.
Las discrepancias entre ambas partes aún se mantienen respecto a una de las dos garantías propuestas por el constructor, cuyo titular en Londres ya no estaría actuando como tal. El gobierno uruguayo ya ha gastado alrededor de 80.000 dólares en un estudio jurídico londinense a ese respecto, aunque usualmente las garantías se invocan en caso de incumplimiento contractual del astillero,lo que no se ha producido.
Ante la situación, en las últimas horas el diputado Gabriel Gianoli ha decidido desplazarse a Vigo, tras la negativa a hacerlo de los miembros oficialistas de la Comisión de Defensa. (Javier Bonilla)
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