Cardama asegura que no existe incumplimiento del contrato de los OPV para la Armada uruguaya. El astillero gallego no dará su brazo a torcer

El astillero Cardama ha emitido un comunicado explicando su postura ante la abrupta cancelación del contrato para dotar con dos buques del tipo OPV a la Armada de Uruguay que el presidente Yamandú Orsi comunicó en rueda de prensa el pasado 22 de octubre. La empresa, Francisco Cardama, S.A., asegura que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales y se muestra sorprendida por haber conocido tal decisión por vía pública, sin que mediara “una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas”.

Del avance de la construcción dan prueba las imágenes que ilustran esta noticia, el astillero ha mantenido el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales, conforme al contrato. Respecto al meollo de la cuestión, la garantía de fiel cumplimiento que la Administración de Uruguay considera fraudulenta y que esgrimen como razón de la cancelación del contrato, Cardama asegura que “las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración (uruguaya). En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este Astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión. No se ha ocasionado perjuicio alguno a la Administración uruguaya y se ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra”

La compañía afirma que “sin perjuicio de lo anterior, y con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad a la Administración, Francisco Cardama, S.A. se compromete, si fuera necesario, a sustituir la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del contrato, por una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas”.

"Cada vez que voy a Uruguay repito que las máximas autoridades de ese país serán muy bienvenidas a Cardama, la invitación se ha cursado reiteradamente, sin respuesta aún", explica a defensa.com Mario Cardama, CEO de la naval  gallega, durante un encuentro en Vigo el pasado viernes, en el que pudimos recorrer las instalaciones, que daban evidentes muestras de estar a todo vapor y muy avanzada la construcción de los dos OPV-87  (un proyecto de Cintranaval) para la Armada Nacional Uruguaya, cuyo contrato la presidencia de este país ha manifestado querer rescindir, lo cual significaría la pérdida de más de 30 millones de dólares invertidos y un voluminoso juicio internacional para el país. El astillero vigués ha completado ya alrededor de un 58% de la estructura del casco del primero.

Cabe acotar además, que en este proyecto trabajan diversos subcontratistas gallegos, además de otros proveedores españoles y extranjeros, aguardándose que en semanas Caterpillar entregue desde Estados Unidos los motores para la primera unidad.

Otro capítulo del eterno culebrón de las esquivas OPV para Uruguay 

El último episodio de esta ya extensa saga naval uruguaya, lo constituyen las mediáticas denuncias penales de connotadas figuras gubernamentales de ese país contra la empresa Cardama, aparentemente motivadas por problemas en uno de los dos avales de fiel cumplimiento caducado y renovado, adquirido a una empresa del sector financiero con sede en Reino Unido, cuando prácticamente un 60% de la estructura del primer OPV ya está construido en el astillero, al tiempo que ya se está montando la quilla del segundo ejemplar.

La acción penal contra Cardama propuesta por el ex juez y fiscal Jorge Díaz, hoy poderoso pro secretario de la Presidencia de Uruguay, además de prometer la rescisión unilateral del contrato, se centra exclusivamente en una de esas garantías. Sin embargo, incumplimiento con la fabricación en sí de las OPV desde el punto de vista del que suscribe y por lo visto in situ, no hay. La primera de las dos unidades está avanzando a buen ritmo, con bloques y componentes varios entregados periódicamente por diversos talleres e industrias navales de Galicia para su integración en los astilleros, siendo convenientemente ensamblados. Asimismo, ya se encomendaron o reservaron decenas de partes y sistemas para la segunda unidad, disponibles, cronograma mediante, amén de programarse desde hace unas semanas la cercana llegada a Vigo de sus motores Carterpillar.

¿Qué pasará si el gobierno de Uruguay ratifica, si lo puede hacer unilateralmente, a caducidad de los contratos hoy vigentes con todos estos recursos ya existentes? ¿Qué alternativas se abren? ¿Renegociar con Cardama, lo que parecería la opción más realista y accesible para solucionar el diferendo? ¿Encomendar a un tercer astillero o una consultora que pueda instrumentarlo, la culminación de las obras iniciadas? ¿Una nueva convocatoria (van muchas, nunca licitatorias, desde fines de 2012...) y la pérdida de lo ya invertido - o no tanto, ya que contractualmente lo ya construido pertenece al Uruguay, independientemente de su terminación -además de prolongar el actual estado de indefensión marítima del país y la absoluta falta de equipamiento mínimamente actualizado de su Armada, hace décadas relegada a ser una Guardia Costera de segundo orden, sin los mínimos insumos técnicos?

Si Cardama operativamente no ha incumplido y la construcción de los OPV está avanzando según lo previsto ¿se justifica suspender el proceso por una garantía en problemas, que el propio astillero, el primer engañado en este asunto, está dispuesto a substituir en acuerdo con el propio gobierno uruguayo si fuera necesario?

¿Damen vs Damen?

La hostilidad del actual gobierno de Uruguay hacia la opción del anterior seleccionando a Cardama (después de apoyar antes  a una muy discutible opción China en aras de un acuerdo comercial que no se firmó) fue evidente desde el primer momento, no respondiendo las actuales autoridades gubernamentales a reiterados mails del astillero, ni designando a los inspectores navales (que debían haber arribado y fueron esperados en Vigo en marzo y solo lo hicieron promediando setiembre), ni concedieron reuniones a distintos niveles jerárquicos a sus ejecutivos. Mientras, en este escenario, otros constructores navales se han ido mantenido atentos y cercanos al tema. 

Además de otros astilleros del norte de España, otros grupos navales siguieron alertas. Algunos, modestos y con amigos en ciertas esferas políticas uruguayas, como el asturiano Gondan, el cual, usando los mismos planos de Cintranaval que Cardama, ofertó más por sus posibles OPV. 

Otros, como Damen, se han hecho presentes, proponiendo a Cardama, ante alguna dificultad, poder integrarse al proyecto a cambio de luego una suerte de absorción del mismo en los catálogos del grupo de Países Bajos, lo que fue rechazado por el astillero gallego, el cual sugirió algún otro tipo de acuerdo, tampoco aceptado por los holandeses, temerosos de competir contra sí mismo o un proxi.

Sin embargo, en las últimas horas, agentes oficiales de Damen en Uruguay nos comunicaron oficialmente que en los últimos meses han mantenido sostenidas conversaciones con diversas autoridades de Defensa uruguayas al respecto del tema OPV, y que, de llamarse a licitación están dispuestos a participar. 

Cardama no dará el brazo a torcer

Asimismo, se da por descontado, por afinidades y cercanías varias, el renovado interés chino en el tema, en un contexto en el cual Mario Cardama no está dispuesto a dar el brazo a torcer, sino a mover todos los resortes jurídico-administrativos posibles para defender su proyecto de una posible cancelación por motivos burocráticos respecto a garantías, mientras la obra está en curso y de parte del constructor no se han hecho observaciones a incumplimientos por parte de Uruguay, como, por ejemplo, no enviarle a los inspectores que debían integrarse al proyecto en marzo, sino, como decimos, esperar a hacerlo a mediados de setiembre (ambos declarando no tener potestades decisorias sí hubiera cambios o discrepancias además) o formular exigencias fuera del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, resulta muy curioso, objetable jurídicamente y muy poco común, haber anunciado  el miércoles en una conferencia de prensa presidencial la rescisión de un contrato sin previo aviso administrativo, intimación o mediación. Más cuando el propio Yamandu Orsi habló sólo 98 segundos, leyendo sus palabras en una alocución oficial de media hora, prácticamente transmitida en red, mientras la ministra de Defensa, Sandra Lazo- que aún no había firmado resolución alguna-se mantuvo en silencio durante todo el evento, en el cual llevaron la voz cantante el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez y el pro secretario, ex juez y ex Fiscal de la Nación, Dr. Jorge Díaz, habitualmente enfrentados en la interna oficialista, además.

Para el catedrático de Derecho Constitucional, Dr. Eduardo Lust, "el Gobierno perderá el juicio". De acuerdo al jurista, al no cumplirse los pasos previos a la rescisión de un contrato (comunicación, intimación,etc.) no sólo el mismo mantiene su vigencia, sino que, si además se anuncian denuncias penales contra el astillero, estas son inviables por temas elementales de territorialidad. Asimismo, si se va a denunciar el delito de fraude, este no es aplicable a Mario Cardama, por no ser funcionario público ni para-público uruguayo. "Tampoco procede el delito de estafa, porque se requiere específicamente en el texto legal, que las víctimas sean personas "no un Estado". Además, dice el Dr. Lust, al haber recibido el pleno del Ministerio de Defensa al propio Mario Cardama días antes de estas decisiones sin advertirle dichos extremos, "se ha violado el principio de la buena fe".

La decisión de la empresa Cardama es hasta que no llegue una resolución debidamente protocolizada, continuar la fabricación en todos sus niveles e incluso ratificar la  llegada de los motores Caterpillar y otros elementos al astillero para su montaje, defendiendo su posición al respecto, mientras se ha dado cuenta del estado de situación a la Xunta de Galicia, a la embajada de España en Uruguay, a los principales proveedores locales y otras entidades representativas, más allá de tomar las acciones jurídicas y administrativas necesarias e imprescindibles.

Cardama denuncia que las declaraciones públicas del ejecutivo uruguayo “han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el Astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la Administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente.

Confiamos en que factores ajenos al proceso constructivo no continúen afectando el normal desarrollo del contrato. Francisco Cardama, S.A. solicita la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes. En ausencia de tal instancia, la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses.  Francisco Cardama, S.A. reafirma su compromiso con la culminación exitosa del proyecto de las patrulleras OPV y con la búsqueda de una solución cooperativa y conforme a la legalidad contractual”. (Javier Bonilla)