La Secretaría Presidencial uruguaya acepta una mediación en el caso Cardama

Frente a la extrema rigidez mostrada por su colega, el Pro Secretario de la Presidencia y titular de la nueva Agencia de Litigios Estratégicos, Dr. Jorge Díaz, el Secretario Alejandro Sánchez ha moderado el discurso y se declara proclive a una mediación en relación al enfrentamiento del gobierno uruguayo con el astillero Cardama, originado por las garantías contractuales para construir dos OPV para la Armada.

El hecho llevó la  semana pasada a una precipitada conferencia de prensa del primer mandatario uruguayo,Yamandu Orsi, quien se limitó a leer un breve mensaje al comienzo, dejando luego la palabra a estos funcionarios, quienes se refirieron con términos muy duros a la empresa gallega, manifestando que se rescindiría el acuerdo para la ya avanzada construcción de los navíos celebrado durante la Administración anterior.

Al día siguiente ambos concurrieron a la Fiscalía a denunciar a Cardama (una de cuyas dos garantías de fiel cumplimiento, el instrumento financiero exigido en contratos públicos y privados para asegurar que el contratista o proveedor cumplirá con todas las obligaciones pactadas en el contrato, se habría demostrado insolvente) por las figuras de fraude y estafa, cargos penales que no corresponderían, ya que el primero lo comete un funcionario público y el segundo se perpetra contra personas físicas, según puntualiza constitucionalista, Dr. Eduardo Lust .

Mientras tanto, Cardama demostraba su voluntad de cambiar inmediatamente la garantía afectada (siendo el  astillero víctima del hecho y no actor) y mostraba el avance de las obras de construcción de los OPV, así como su intención de defenderse jurídica y administrativamente de un pleito para el que no había mediado intimación, advertencia o negociación alguna.

Ante ello y la cobertura periodística de los hechos, así como una llamada del ex presidente Luis Lacalle Pou a Yamandu Orsi y la comparecencia del ex ministro de Defensa, Dr. Armando Castaingdebat a diversos medios, defendiendo el proyecto, al igual que el llamado de atención de algunos juristas y la solicitud de diputados opositores de publicar el contrato de las OPV, uno de los dos denunciantes, el Secretario Sánchez, comunicó a la prensa que tras los pasos jurídicos anteriores, aceptaría "una mediación formal".

Aún no se conoce la posición del Dr. Jorge Díaz, aunque el margen para oponerse a la propuesta de su colega es muy estrecho, por lo cual se estima más que probable que se continúe por ese camino. Parecería la conducta más lógica tras haber anunciado el gobierno rescindir un contrato vigente sin dar para ello ningún paso previo. (Javier Bonilla)