La invasión rusa de Ucrania cumplió un año con más incertidumbres que nunca tras la significativa visita del presidente estadounidense Joe Biden a Kiev, con la respuesta inmediata de su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunciando la congelación de la participación en el tratado de armamento estratégico START II. Más allá de las cuestiones estratégicas, la guerra está suponiendo un reto para la capacidad de respuesta de la industria de defensa. La particularidad es que, por primera vez, se informa abierta y diariamente de las necesidades del campo de batalla, de las peticiones a los aliados, del envío detallado de armamento y de las tensiones diplomáticas y empresariales que conlleva.
Superada la primera fase, en la que aliados europeos y de la OTAN enviaban armas y municiones procedentes de sus propias reservas, estamos en la de fabricación acelerada de todo aquello encargado por Ucrania o por sus aliados. Los productores de municiones se encuentran a pleno rendimiento y surgen las fricciones por la adquisición de materias primas clave. Los países que hicieron los deberes hace años tienen sus reservas disponibles y están en condiciones de apoyar, pero los que partían de una situación peor han de firmar contratos a años vista de entrega, con lo que supone para el mantenimiento de una capacidad de disuasión creíble.
Se debate sobre la idoneidad de cada sistema de armas, pero la protagonista es la artillería, ya sea con municiones guiadas, morteros de corto alcance o mediante cohetes balísticos, no decae. De ahí que los contratos de adquisición de obuses autopropulsados y munición, además de lanzacohetes, sean continuos, poniendo en claro el gran retraso de España en esta área. La opinión pública parece estar más preocupada que nunca por la guerra y los expertos toman buena nota de las capacidades que se imponen en las operaciones y las que demostraron su valía más allá de los conceptos.
El muchas veces destronado carro de combate es un valioso recurso y más si se lo dota de protecciones mejoradas, como los blindajes activos. Las aeronaves no tripuladas en uno y otro bando se generalizan, resultando prácticamente imposible pasar desapercibidos en el campo de batalla y ser rápidamente blanco de ataques de artillería o de las municiones merodeadoras, que han madurado y complementan ya a fuegos más tradicionales.
El compromiso de la OTAN de alcanzar el 2 por ciento de su PIB en Defensa y destinar al menos una quinta parte a equipos principales, implicando incluso a los más reticentes, caso de España, si bien el objetivo se alargará hasta 2029. El presupuesto de Defensa español se ha visto incrementado notablemente con importantes programas de desarrollo y otros que buscan recuperar capacidades perdidas desde la crisis de 2008, como los lanzacohetes de artillería.
Ante este panorama propicio para la industria, es necesario aprobar una ley presupuestaria para Defensa que permita planificar con un horizonte predecible y conocido, teniendo en cuenta los plazos de desarrollo de los sistemas. Es momento de gestionar más, pero mejor, atendiendo a la lógica de las necesidades de las Fuerzas Armadas, que en su capacidad prospectiva ya elaboraron los estudios sobre adquisición de los medios que consideran más importantes. Atendamos primero esas necesidades, llenemos los depósitos ahora vacíos y apostemos por programas de mayor recorrido y riesgo tecnológico, apoyados por los socios europeos.
