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Operaciones de la Policía Federal de Brasil tras millonarios fraudes locales y regionales con los fondos nacionales para tratar la pandemia

La Policía Federal, junto con la Contraloría General de la Nación y la Fiscalía Federal, protagonizan distintas acciones, entre ellas la Operación Asfixia, para desmantelar grupos criminales que simulaban dos procedimientos de exención de licitación en el municipio de Girau do Ponciano / Alagoas y en malversación de recursos públicos de la Federación. Gobierno destinado a combatir la pandemia de COVID1-9. Estos contratos bajo análisis suman $ 120.000 dólares  y las desviaciones contabilizadas, hasta el momento, ascenderían a 40.000.

El grupo delictivo simuló dos procesos de dispensa de licitación para el suministro de un centro de gas y respiradores mecánicos para el tratamiento de pacientes con COVID19 en el Hospital de Campaña Girau do Ponciano, en los que se contrataron dos empresas de Río de Janeiro. La policía averiguó que una de las empresas contratadas ni siquiera operaría en el ámbito de la comercialización de plantas de gas, siendo, de hecho, un comercio de materiales de construcción .

Además de focalizar las licitaciones para dichas empresas, hubo un desvío de recursos públicos con el uso de personas interpuestas, tanto para la ejecución de los desvíos como para el posterior encubrimiento de los orígenes de los valores. La Policía constató que una de estas empresas era propiedad de la esposa de uno de los agentes públicos con participación directa y efectiva en las contrataciones y pagos investigados.

La investigación encontró numerosas otras ilegalidades, como la ausencia de cotizaciones de precios en los trámites, propuestas de precios simulados, sobrefacturación en adquisiciones, facturas agradables, uso de un impostor en la constitución de la persona jurídica, suministro de respiradores obsoletos, entre otros. . Existen fuertes indicios de la ocurrencia de delitos de malversación de recursos públicos federales y lavado de activos, cuyas penas máximas sumadas suman 27 años de prisión.

La investigación se tramita en el Juzgado Regional Federal de la V Región debido a la competencia de la prerrogativa de función de uno de los investigados. En la Operación participan más de 80 policías federales y auditores de la Contraloría General de la Federación, quienes simultáneamente cumplen con 19 Órdenes de Registro e Incautación en Maceió, Girau do Ponciano, Arapiraca, Campo Grande (Alagoas), Río de Janeiro y Belford Roxo ( Río de Janeiro) y Alegre (Espirito Santo)

Además de las órdenes de allanamiento e incautación, el Poder Judicial ordenó la incautación de bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos automotores y montos depositados en cualquier institución financiera, por el motivo que sea, de algunas de las personas naturales y jurídicas investigadas; del mismo modo, decretó la prohibición de acceso o asistencia a todos y cada uno de los organismos públicos de la Administración Municipal de Girau do Ponciano; prohibición de mantener contacto entre sí, así como con los demás investigados en estos expedientes y personas que puedan actuar como testigos en la investigación; y la suspensión del ejercicio de todas y cada una de las funciones públicas en la Administración Municipal de Girau do Ponciano.

En Amapá, la Operación Inconcinnus * descubrió fraude en la contratación de una empresa para el suministro de medicamentos utilizados para combatir la pandemia a los ayuntamientos de Santana y Pedra Branca do Amapari, cuyos recursos provienen del Fondo Municipal de Salud.

Cerca de 40 policias cumplieron 13 mandatos de busca y captura en ciudades de del norteño estado de Amapá, Río de Janeiro y San Pablo.

Se relevaron los ayuntamientos de Santana y Pedra Branca do Amapari (Amapá), así como cinco domicilios de personas que eran servidores públicos al momento de los hechos, cuatro en Santana y uno en Macapá. También fueron objeto de allanamientos la supuesta sede de la empresa contratada, en Río de Janeiro y la residencia de la persona que figura como administradora, en Nova Iguaçu. Finalmente, la policía se dirigió a una residencia en Taubaté del operador real de la empresa, parte del esquema de fraude.

El inicio de las investigaciones fue motivado luego del hallazgo de que la misma empresa, sin capacidad técnica, había ganado varias licitaciones en otros estados brasileños ofreciendo medicamentos utilizados para combatir la pandemia de coronavirus, en contratos por valor de casi 2 millones de dólares.

Los hechos encontrados concluyeron que la empresa ganadora sería meramente una fachada, sin empleados reales, con uso de impostores en la estructura societaria, ausencia de sedes fijas y utilizado para desvío de fondos públicos. El falso propietario, por ejemplo, era tan insolvente, que hasta recibió una modesta ayuda de emergencia del gobierno  como resultado de la pandemia. Se constató una desviación total del objeto del contrato, ya que, una vez realizado el pago, no se entregó nada.

Los involucrados incurren en falsedad ideológica, corrupción activa y pasiva, asociación delictiva, fraude de licitación y malversación, con penas de hasta 36 años.

En Maranhão, la operación Interpares investiga contratos con fondos federales que se utilizarían para combatir la pandemia en los municipios de Bacurituba y Bom Jesus das Selvas.

Se investiga la falta de capacidad económica de la empresa investigada, demostrando que el costo de los bienes vendidos era incompatible con los ingresos obtenidos en los 12 meses anteriores al período de seguimiento. Según lo medido, si bien compró sólo US $ 6.500 de artículos de contratación pública en el período investigado, vendió más de US $ 110.000 a los municipios de Bom Jesus das Selvas y Bacurituba.

Además, se reveló que el principal demandado usó impostores para presentarse como dueños de la empresa que supuestamente suministraba los productos, al tiempo que competía en estas licitaciones firmando propuestas en nombre de otra empresa.

Ante estos hechos, la Policía Federal cumplió con 6 Órdenes de Registro e Incautación y 5 Órdenes de Interdicción de Bienes. Un total de 30 policías federales cumplieron con las órdenes judiciales dictadas por el 1er Juzgado Federal de São Luís / MA, que resultó de una representación redactada por la Policía Federal.

Operación Transparencia, que investiga posibles irregularidades en los contratos sin necesidad de licitación promovida por la Secretaría de Salud del Estado de Sergipe y financiada con fondos federales. El trabajo se realizó en alianza con la Contraloría General de la Federación (CGU / Sergipe).

Se están cumpliendo 20 órdenes de allanamiento e incautación en varios municipios de Sergipe y São Paulo.

A la acción policial asistieron 72 policías federales y 6 auditores de la CGU. El objetivo del operativo es recabar pruebas para evaluar de manera segura la existencia de irregularidades y / o actos ilícitos y su impacto en el ámbito penal.

Los contratos, realizados en 2020, implican la adquisición de mascarillas quirúrgicas desechables, el alquiler de envases que se instalaron en unidades de salud estatales y la provisión de nutrición parenteral a los pacientes en las unidades hospitalarias del estado. Durante las investigaciones se identificaron fuertes indicios de irregularidades en los trámites, como la ausencia de fundamento para la adquisición de artículos, falta de competitividad, sobredimensionamiento del objeto contratado y sobreprecio. El monto involucrado en los contratos investigados es del orden de 900.000 dólares. Parte de estos recursos se destinaron a combatir la pandemia de Covid-19.

En todo Brasil, a finales de febrero, el Tribunal de Cuentas estimó una pérdida potencial de 25 millones debido al desvío de fondos. Desde el inicio de la pandemia, la CGU ha actuado en 59 operativos en conjunto con la Policía Federal y el Ministerio Público.

La suma del valor de los contratos y licitaciones analizados por la carpeta es de R $ 1,5 mil millones. Los convenios fueron firmados por estados y municipios para la compra de medicamentos y equipamiento hospitalario, como respiradores, pruebas y mascarillas protectoras.

El valor incluye los resultados de la operación Inventario Cero, que tuvo lugar en ese momento en Pinheiro, Maranhão. Las autoridades investigaron fraude en la compra de pruebas rápidas contra covid-19 en el municipio. El daño se estima en 200.000 dólares.

El año pasado, en ocasión de la crisis sanitaria que afectó al estado de Amazonas, con falta de oxígeno , tapabocas, y respiradores (algunos adquiridos sobrefacturados), saturado el sistema hospitalario, salieron a luz diversas aristas de corrupción y desvío de fondos, con adquisiciones realizadas en empresas totalmente ajenas al ramo Salud, inclusive bodegas de vino del sur. En el estado de Tocantins  también se relevaron desvíos por más de un millón de dólares. Diversas acciones en otros estados , entidades regionales y municipios continúan vigentes.

La asignación de fondos es investigada por la Contraloría General porque los mismos son de origen federal. (Javier Bonilla)


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