Santa Bárbara Sistemas mantiene abierta por dos vías su batalla jurídica en torno a los programas de artillería del Ejército de Tierra y los préstamos públicos asociados a ellos. La compañía, integrada en General Dynamics European Land Systems (GDELS), ha confirmado que seguirá adelante con su recurso ante el Tribunal Supremo contra los préstamos recogidos en el Real Decreto 915/2025 y que, en paralelo, iniciará la vía contencioso‑administrativa contra la adjudicación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de artillería.
En un primer frente, el Supremo ha decidido no aplicar medidas cautelares sobre los préstamos vinculados a los PEM “ATP Ruedas” y “ATP Cadenas”, pero ha admitido a trámite el recurso contencioso‑administrativo interpuesto por Santa Bárbara. El alto tribunal deja claro en su auto que la negativa a las cautelares no entra en el fondo del asunto ni prejuzga la resolución final, que deberá tramitarse con independencia de esta decisión inicial.
Según explica la empresa, la petición de suspensión cautelar tenía como finalidad “proteger de futuros daños” a todos los participantes en la industria española de defensa, incluida la propia Administración y los recursos económicos del Estado. El Supremo, sin embargo, considera que, en caso de estimarse el recurso, bastaría con la devolución de las cantidades obtenidas en préstamo, una solución que, aunque económicamente relevante, puede ejecutarse sin necesidad de paralizar de forma preventiva los fondos.
Santa Bárbara Sistemas sostiene que ha sido excluida “sin justificación” del proceso de adjudicación de estos programas de artillería, a pesar de ser el único fabricante nacional de sistemas de artillería y empresa de referencia en vehículos de combate terrestres en España. La compañía alerta de que la falta de capacidades por parte de los beneficiarios de los préstamos en contratos similares podría generar problemas para el desarrollo real de la industria en España y ha llevado, según denuncia, a recurrir a proveedores extranjeros, incluso de países no europeos y fuera del entorno OTAN, como Corea del Sur.
Ese recurso a suministradores foráneos implica, a juicio de la empresa, una pérdida de soberanía tecnológica y un impacto negativo en el empleo ligado al sector nacional de defensa. Santa Bárbara subraya que estos programas de artillería tendrán una incidencia “muy significativa” en la industria española y condicionarán a todos los operadores de un ámbito que, recalca, será clave en los próximos años.
La compañía recuerda que presentó en su día un recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa contra dicha adjudicación, pero que a fecha de hoy no tiene notificación ni constancia de resolución alguna, ni en sentido positivo ni negativo. La presentación de ese recurso de alzada era, explica la empresa, un paso “indispensable” para agotar la vía administrativa y poder recurrir ante los tribunales de justicia. Ahora, al no haberse producido respuesta, Santa Bárbara confirma que continuará con el proceso “ya anunciado” y acudirá a la jurisdicción contencioso‑administrativa para defender sus intereses.
GDELS‑Santa Bárbara enfatiza que mantiene “plena confianza” en la solidez de sus argumentos, que enmarcan no sólo la defensa de la compañía sino también la del conjunto del tejido industrial español de defensa, sus capacidades actuales y los puestos de trabajo asociados. La empresa insiste en que seguirá utilizando “todas las instancias necesarias” para proteger sus derechos e intereses legítimos, que considera alineados con los de la industria nacional y la propia Administración.
Al mismo tiempo, la compañía reitera su disposición a cooperar con el Ministerio de Defensa y con el resto de empresas e instituciones del sector en el objetivo común de dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios. De hecho, recuerda que en el marco de los programas ATP Ruedas y ATP Cadenas presentó propuestas de cooperación a los beneficiarios de los préstamos, que, según denuncia, no han recibido respuesta.
Santa Bárbara evita hacer valoraciones de la decisión del Supremo de no aplicar medidas cautelares, pero subraya que la demanda “sigue su curso” y que estos pasos judiciales se han visto como necesarios para defender a la empresa, a sus empleados y al conjunto de la industria de defensa española. La compañía se compromete a valorar públicamente la resolución del Ministerio de Defensa sobre el recurso de alzada en cuanto tenga conocimiento de la misma.
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