La Guardia Civil ha adquirido cuatro aeronaves no tripuladas por valor de 199.872,80 euros para equipar al Servicio Aéreo (SAER) con los que mejorar la eficacia de la vigilancia en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. Lo relevante no es tanto el importe, ni el modelo, previsiblemente de la marca DJI si tenemos en cuenta que el adjudicatario es Stock RC PFV Aeromodelismo, tienda y servicio técnico oficial de la marca en España, sino que la adjudicación se ha tramitado como de emergencia.
Así lo recoge la adjudicación y la formalización del expediente de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, que necesita contratar la adquisición de estos cuatro sistemas ya que “los asaltos a los vallados de los perímetros de Ceuta y Melilla se tornan cada vez más violentos con el consiguiente grave peligro que ello conlleva tanto para el personal que presta la protección y seguridad, como para los propios inmigrantes que intentan acceder al territorio español”.
Estos medios permitirán “reforzar la vigilancia de los perímetros fronterizos y adaptar la respuesta antes los intentos de asalto al vallado, adelantando la intervención para prevenir o mitigar las citadas situaciones de peligro”.
En el informe que acompaña la resolución se justifica la utilización de la tramitación de emergencia, según el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) tal como acordó el pasado 25 de noviembre la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, que también firma la resolución de adjudicación del contrato.
La tramitación de emergencia se puede emplear de forma excepcional cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Este formato justifica el quebrantamiento de los principios generales de la contratación pública como el acceso a las licitaciones, libre concurrencia, publicidad, transparencia y libre competencia, dada la necesidad de actuar de manera inmediata.
La formalización del contrato tiene fecha del 13 de febrero, disponiendo el adjudicatario de 30 días como plazo de ejecución. (José Mª Navarro García)
Fotografia: Un RPAS del Equipo Pegaso (Guardia Civil)
