Garrigues, en colaboración con AESMIDE y TEDAE, ha presentado un informe que recoge una propuesta de reformas normativas para modernizar la contratación pública y la gestión presupuestaria en el ámbito de la defensa, con el objetivo de dotar al sistema de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta.
El documento, elaborado por el área de Derecho Público de la firma legal, se apoya en el análisis técnico y en las aportaciones de empresas y actores del sector canalizadas a través de AESMIDE y TEDAE. El estudio identifica las principales limitaciones del marco actual y plantea diez líneas de actuación concretas para adecuarlo a un entorno geopolítico marcado por la incertidumbre, la presión sobre las cadenas de suministro y la necesidad de reforzar las capacidades industriales estratégicas.
“El contexto actual exige decisiones valientes. Con este informe proponemos medidas normativas precisas que permitan dotar a la contratación pública y a la gestión presupuestaria de la flexibilidad y rapidez que demanda el entorno actual”, afirma Gerardo Sánchez, presidente de AESMIDE.
David Arias, socio de Derecho Público de Garrigues, defiende que “con este informe ponemos sobre la mesa medidas concretas en dos ámbitos delimitados (contratación y presupuesto) que permitan abrir un proceso legislativo que tenga como resultado un marco jurídico especial que de respuesta adecuada al contexto actual”.
Un marco jurídico adaptado a un contexto cambiante
El informe parte de que la normativa vigente fue diseñada en un contexto de estabilidad que ya no se corresponde con la realidad actual. En este nuevo escenario, caracterizado por la urgencia en la toma de decisiones y la necesidad de anticipación, el sistema requiere instrumentos más ágiles que permitan responder con eficacia a las demandas operativas de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, el documento propone la articulación de un régimen jurídico especial, de carácter temporal, que facilite la adaptación del sistema sin alterar sus principios esenciales de legalidad, transparencia y control del gasto.
Propuestas para modernizar la contratación en defensa
El informe estructura sus recomendaciones en diez ámbitos clave:
- Simplificación de las actuaciones preparatorias
Se propone reducir la complejidad y rigidez de la fase preparatoria de los contratos mediante simplificación administrativa, digitalización de procedimientos y reducción de cargas documentales e informes. También se plantea acortar plazos, introducir órganos colegiados que concentren decisiones y flexibilizar la planificación contractual para permitir ajustes más ágiles sin perder control ni trazabilidad.
- Adaptación de los procedimientos de adjudicación
El informe plantea ajustar los procedimientos de adjudicación a las singularidades del sector defensa, ampliando el uso de fórmulas más flexibles como el negociado o el diálogo competitivo. Se busca reducir el recurso sistemático al procedimiento abierto, permitir mayor discrecionalidad técnica y adaptar los procesos a contratos complejos, tecnológicos o sensibles desde el punto de vista de seguridad, introduciendo la figura de los procedimientos “adaptados” existente en países de nuestro entorno.
- Impulso del uso del artículo 346 del TFUE
Se propone reforzar la utilización de la excepción del artículo 346 del TFUE para contratos de defensa y seguridad, actualizando el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, clarificando su alcance y facilitando su aplicación. El objetivo es proteger intereses esenciales de seguridad nacional, permitir mayor autonomía en la contratación y evitar rigideces derivadas de la normativa general cuando no se ajusta a las necesidades del sector.
- Modernización de los contratos gobierno a gobierno (G2G)
Se plantea flexibilizar y actualizar el régimen de los contratos entre Estados para facilitar su uso como herramienta estratégica de adquisición. Esto incluye simplificar su tramitación, adaptar la normativa para hacerlos más operativos y revisar aspectos como la exigencia de un depósito previo, la responsabilidad del Estado o los mecanismos de ejecución.
- Regulación de la participación de terceros países
El informe aborda la problemática de adjudicación y subcontratación a entidades de terceros países, proponiendo introducir criterios de preferencia europea, reciprocidad y control. Se busca proteger la base industrial europea y garantizar la seguridad de suministro, permitiendo al mismo tiempo una participación condicionada cuando sea conveniente.
- Mejora en la determinación del presupuesto de licitación
Se propone ajustar mejor los presupuestos de licitación a la realidad del mercado mediante consultas preliminares más sistemáticas, mayor interacción con operadores económicos y mecanismos de revisión ex post. El objetivo es evitar desviaciones entre precios estimados y reales, mejorar la concurrencia y reducir licitaciones desiertas o ineficientes.
- Integración de I+D+i y adquisición
Se plantea vincular las fases de investigación, desarrollo e innovación con la adquisición final, evitando su desconexión actual. Para ello, se propone impulsar figuras como la asociación para la innovación y permitir procesos integrados que faciliten la transición desde el desarrollo tecnológico hasta la compra efectiva.
- Régimen flexible de modificación de contratos
El informe propone crear un marco específico para modificar contratos de defensa que permita incorporar avances tecnológicos o adaptaciones operativas durante su ejecución. Se busca superar las limitaciones actuales no previstas en las Directivas de la UE, introduciendo cláusulas de progreso tecnológico y mayor flexibilidad sin comprometer la seguridad jurídica.
- Sistema eficaz de revisión de precios
Se plantea establecer un régimen específico de revisión de precios para contratos de defensa que permita absorber variaciones significativas de costes durante su ejecución. Esto incluye fórmulas más flexibles y excepcionales frente al sistema general, garantizando la viabilidad de contratos de larga duración en entornos inflacionarios o volátiles.
- Flexibilización de la gestión presupuestaria
Se propone adaptar las reglas presupuestarias para permitir una ejecución más flexible del gasto en defensa, incluyendo mecanismos para incorporar remanentes, facilitar compromisos plurianuales y evitar rigideces del principio de anualidad. El objetivo es alinear la planificación financiera con las necesidades reales operativas de las Fuerzas Armadas, en línea con los marcos regulatorios aprobados para contextos como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estas propuestas responden a disfunciones detectadas en la práctica, como la rigidez procedimental, la falta de adaptación a la innovación tecnológica o la desconexión entre planificación presupuestaria y ejecución operativa.
Una iniciativa construida desde el sector
AESMIDE ha contribuido de forma activa al desarrollo del informe, canalizando la experiencia y las necesidades de las empresas que forman parte de la cadena de suministro de defensa. Esta colaboración ha permitido trasladar al análisis jurídico una visión práctica y alineada con la realidad operativa del sector.
La asociación continuará trabajando con las administraciones públicas y el sector para avanzar en la implementación de estas propuestas y consolidar un entorno regulatorio que acompañe las necesidades reales de la industria.
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