La desestimación del recurso de alzada presentado por GDELS-Santa Bárbara Sistemas (SBS) contra la adjudicación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de artillería al consorcio liderado por Indra y EM&E Group consolida el giro estratégico del Ministerio de Defensa en el terreno de la industria terrestre española. La compañía no da la batalla por perdida y confirma que iniciará la vía contencioso‑administrativa ante los tribunales para intentar revertir decisiones que considera lesivas.
Defensa reafirma las adjudicaciones a Indra y Escribano
La resolución de Defensa supone un respaldo explícito a los contratos milmillonarios para la adquisición de la nueva artillería sobre cadenas y sobre ruedas del Ejército de Tierra e Infantería de marina, valorados en más de 7.000 millones de euros y adjudicados el año pasado a la UTE formada por Indra y Escribano. El departamento que dirige Margarita Robles sostiene que el procedimiento “se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente” y subraya que, en materia de contratación de defensa, pesan criterios como la protección de los intereses esenciales de seguridad, la garantía de suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares.
En la misma línea, Defensa ha rechazado la entrega del expediente de contratación solicitada reiteradamente por Santa Bárbara, argumentando que no concurren los presupuestos legales que justificarían ese acceso, en coherencia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia.
La respuesta de Santa Bárbara: del recurso de alzada a los tribunales
GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha informado de que no tiene constancia de ninguna resolución formal del Ministerio sobre el recurso de alzada interpuesto contra la adjudicación de los PEM de artillería, pero insiste en que dicho recurso era un paso previo imprescindible para agotar la vía administrativa. La compañía confirma que, conforme a lo ya anunciado, “iniciará la vía contencioso‑administrativa ante los Tribunales de Justicia”, abriendo así un frente judicial que puede prolongarse durante años.
Asegura que mantiene “plena confianza” en la solidez de sus argumentos, que giran en torno a la defensa del tejido industrial español de defensa, la preservación de las capacidades existentes y el mantenimiento de los puestos de trabajo asociados. La empresa se presenta como un actor alineado con los objetivos del Ministerio de Defensa y reitera su disposición a cooperar con el resto de compañías e instituciones del sector para dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios, al tiempo que advierte de que acudirá “a todas las instancias necesarias” para defender sus derechos e intereses legítimos.
El pulso industrial por la artillería de las Fuerzas Armadas
Más allá del plano jurídico, el desenlace administrativo del recurso supone un duro revés para Santa Bárbara, históricamente el referente nacional en el ámbito de los sistemas terrestres, que ve cómo los grandes contratos de artillería recaen en Indra, acompañada por Escribano en el terreno de los sistemas y las torres. Dentro del paquete de PEM lanzado para impulsar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, Santa Bárbara Sistemas solo ha logrado asegurarse la modernización de los blindados Pizarro, de mucho menor volumen económico que los programas de artillería.
La filial de General Dynamics ha defendido que contaba con un producto competitivo, el sistema de artillería Némesis, presentado junto a KNDS en la feria FEINDEF de 2025, y que su exclusión responde más a una decisión política de reconfiguración del mapa industrial que a una falta de capacidades. Indra ha cerrado una alianza con la surcoreana Hanwha para “españolizar” el obús autopropulsado K9 para el programa sobre cadenas, a la espera de concretar su socio para la artillería sobre ruedas.
Un conflicto con recorrido judicial
La decisión de Defensa cierra la vía administrativa para Santa Bárbara en lo relativo a las adjudicaciones de artillería, pero abre la puerta a que la compañía recurra ante la Audiencia Nacional, órgano competente para revisar este tipo de decisiones. La propia empresa ya adelantó que acudiría a la Justicia si el Ministerio desestimaba sus pretensiones y, en paralelo, mantiene otro recurso contencioso ante el Supremo contra las ayudas públicas de 3.002 millones que Industria otorgó a la UTE de artillería y a otros programas especiales en forma de préstamos a interés cero.
En este contexto, el pulso entre el Gobierno y Santa Bárbara trasciende un contrato concreto y se inserta en el debate de fondo sobre el modelo de autonomía estratégica y el reparto de roles entre los grandes actores del sector de defensa en España. Mientras Indra consolida su posición como eje de la nueva arquitectura industrial en tierra, mar y aire, la antigua empresa de referencia del ámbito terrestre reivindica que “no vale destruir lo existente para crear el futuro” y reclama un espacio en los grandes programas que marcarán las capacidades del Ejército de Tierra en las próximas décadas. (José Mª Navarro García)
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