La promulgación del Decreto Supremo N.º 5636 marca un punto de inflexión en la gestión de la seguridad multidimensional en Bolivia. En una comparecencia de alto impacto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, desglosó el alcance de la declaración de Estado de Excepción por conmoción interna, una medida constitucional de carácter temporal fijada para un periodo de 90 días.
Lejos de las lecturas lineales que asocian estas disposiciones con restricciones automáticas de libertades, el titular de la cartera castrense enfatizó que el instrumento jurídico tiene como vector central la protección de la población frente al desabastecimiento crónico de bienes esenciales, la parálisis de la libre transitabilidad y las amenazas directas contra la infraestructura crítica del Estado.
Asimismo, la arquitectura de este Estado de Excepción descansa sobre los principios de gradualidad y focalización territorial. Justiniano Urenda fue categórico al desmentir la vigencia actual de un toque de queda a escala nacional, aclarando que cualquier restricción adicional a la circulación o al derecho de reunión en municipios específicos será el resultado de evaluaciones técnicas del mando conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
Estas medidas extraordinarias focalizadas se ejecutarán y comunicarán de manera progresiva mediante resoluciones biministeriales suscritas entre los ministerios de Gobierno y Defensa, adaptándose a la evolución de las denominadas "áreas sensibles" de riesgo. Finalmente, el despliegue normativo prohíbe de forma generalizada en todo el territorio los bloqueos de vías, los ataques a servicios básicos y la obstaculización del transporte de alimentos, combustibles y medicamentos.
No obstante, el ministro remarcó que el texto legal amparado en la Ley N.º 1740 no cancela el derecho a la protesta pacífica ni obtura los canales de concertación social que el Ejecutivo boliviano priorizó durante las semanas previas a la crisis. La lógica de intervención responde, bajo la óptica de la cartera de Defensa, a una necesidad de previsibilidad y restablecimiento de la normalidad institucional, asegurando el funcionamiento regular de hospitales y el libre desplazamiento ciudadano. Desde el Gobierno se apunta que la excepción constitucional no opera como un castigo, sino como el último recurso de contención para tratar de preservar el orden público y la soberanía del Estado.
Defensa exige liberar el aeropuerto estratégico de Chimoré
La operatividad de los activos logísticos del Estado no puede quedar supeditada a las contingencias procesales de liderazgos personalistas. El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, arremetió contra la parálisis inducida que afecta al Aeropuerto de Chimoré, catalogando como inaceptable que una de las infraestructuras aeronáuticas de mayor proyección técnica del país permanezca bloqueada o condicionada por la situación jurídica y a una eventual detención del expresidente Evo Morales. Para la cartera castrense, la subordinación de una terminal clave en el Trópico de Cochabamba a las garantías de impunidad de un solo individuo constituye un freno directo al desarrollo soberano y a la integración económica regional.
Asimismo, Ernesto Justiniano Urenda, enfatizó que el Chapare posee un potencial productivo e inversor que hoy se encuentra "anclado" a la suerte de un dirigente que, tarde o temprano, deberá comparecer ante los tribunales de justicia. En este sentido, el titular de Defensa hizo un llamamiento directo a las Seis Federaciones del Trópico para activar un proceso profundo de renovación dirigencial, instando a las organizaciones sociales a desprenderse de dinámicas que arriesgan la paz social y a evitar escenarios de confrontación violenta ante los requerimientos de la ley.
La reactivación plena de Chimoré como nodo logístico y comercial es vista por el Ejecutivo boliviano como un paso indispensable en la etapa de estabilización postconflicto que atraviesa la nación. (Marcela V. Carol / Foto MINDEF)
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