Nicolás Maduro arrancó el jueves 11 de septiembre el ejercicio militar “Plan Independencia 200”, un nuevo despliegue en el que se han movilizado no solo a los componentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), también a los cuerpos combatientes civiles. Esta acción, enmarcada dentro de la estrategia de “defensa integral de la nación”, se lanza como una respuesta de Venezuela a la amenaza militar de Estados Unidos, que ha movilizado buques de guerra, drones armados y aviones de inteligencia y combate en el Caribe sur y oriental.
De acuerdo a lo señalado por el Mandatario venezolano, al ejercicio contempla la activación de 284 unidades defensivas de la Milicia, a las cuales se integraran tropas de los otros componentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ensayar simulacros de combates que tendrán lugar en gran parte del territorio, es decir, desde las costas caribeñas hasta las fronteras con Colombia, los Andes, el oriente y el sur del país. Según Maduro, esta operación busca garantizar la independencia, la paz y la soberanía de Venezuela frente a lo que califica como “intentos de invasión imperialista”.
Durante el acto de inicio de las maniobras “Independencia 200”, realizado desde la Ciudad Caribia, estado La Guaira, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, general en jefe (EB) Vladimir Padrino López, y otros oficiales integrantes del Alto Mando Militar. En su discurso, Maduro hizo un llamado a la consolidación de posiciones defensivas y al fortalecimiento del sistema nacional de seguridad, evocando las gestas históricas de la independencia venezolana como inspiración para esta nueva etapa de resistencia activa.
El Plan Independencia 200 se estructura en cuatro fases estratégicas:
Preparación de la Milicia Bolivariana: Se enfoca en la organización y capacitación de este cuerpo para asumir funciones de defensa territorial.
Despliegue y entrenamiento territorial: Cada ciudadano recibe un rol, un arma y un área de defensa, coordinado por las Unidades Comunales Milicianas (UCM) y más de 15 mil Brigadas Populares de Defensa Integral.
Defensa no armada: Esta etapa busca contrarrestar la “guerra económica” y otras acciones desestabilizadoras, promoviendo la paz mediante la resistencia civil.
Defensa armada: Basada en la doctrina militar bolivariana, esta fase contempla la protección activa de la soberanía nacional sin promover conflictos bélicos.
Esta movilización de personal militar y de civiles, fortalece la articulación entre la FANB, la Milicia Bolivariana, los Cuadrantes de Paz y los Consejos Comunales, consolidando una alianza entre el poder militar y el poder popular, estrategia que busca elevar el apresto operacional de los combatientes ante lo que el gobierno considera una coyuntura de amenaza externa.
En medio de las crecientes tensiones con Washington, el régimen venezolano ha denunciado una “campaña sucia” para justificar una posible agresión militar, mientras que la administración del presidente Donald Trump ha acusado a Maduro de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, organización criminal que estaría vinculada al narcotráfico internacional, llegado a ofrecer una recompensa de $50 millones de dólares por información que facilite su captura.
Cuestiones jurídicas y controversias del ataque estadounidense en el Caribe
El ataque con misiles lanzado el 2 de septiembre de 2025 en contra de una lancha rápida que navegaba fuera de las costas de Venezuela y que resultó en la muerte de 11 personas, ha generado una ola de críticas y preocupaciones legales a nivel internacional, mientras tanto la administración del presidente Trump justifica la acción como parte de su ofensiva antidrogas en la región, alegando que el objetivo era una embarcación vinculada al narcotráfico. Sin embargo, informes independientes y análisis jurídicos han cuestionado la legalidad del ataque, señalando que no existía una amenaza inminente ni autorización del Congreso estadounidense ni del Consejo de Seguridad de la ONU para el uso de la fuerza letal en esa zona.
Expertos en derecho internacional advierten que el ataque podría constituir una violación de la soberanía venezolana y del principio de proporcionalidad en conflictos armados, además, las inconsistencias en los informes oficiales y la falta de pruebas claras han alimentado acusaciones de encubrimiento y manipulación por parte de la Casa Blanca. Dentro de este mismo orden de ideas, este incidente ha intensificado los temores de una intervención militar encubierta bajo el pretexto de la lucha antidrogas, exacerbando las tensiones entre Caracas y Washington y generando alarma en toda Latinoamérica. (Bernardo de la Fuente)
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