A poco más de un mes de que el Comité de Evaluación evaluara, calificara e informara del orden de prelación de las “expresiones de interés” de los postores, no se emite el decreto supremo declarando de interés nacional la adquisición (documento indispensable para poder dar inicio a la negociación del contrato), y las propuestas técnico-económicas de los dos finalistas exceden entre un 20 a 25%, el presupuesto asignado.
Extraoficialmente, se indica que las más altas esferas del gobierno son renuentes a firmar el mencionado decreto supremo debido a la actual situación política y a la crítica de sectores políticos, principalmente de izquierda, que argumentan, entre otros, que se trata de equipamiento “para reprimir a la oposición”. En relación al presupuesto, trascendió que el MININTER estaría gestionando, aparentemente sin éxito, los recursos adicionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con información recabada por defensa.com, las propuestas técnico-económicas de los dos finalistas son las que presentaron, vía sus respectivas embajadas, Daeji P&I con el Promoter DAPC-2 (Corea del Sur) y Plasan Sasa Ltd. con el Sandcat MK-V (Israel). Otras empresas que se presentaron, y no calificaron, fueron M&M Defense Ltd. y Armor International SAS de Colombia, Inkas Armored Vehicles (Canada), y Posco International Corporation de Corea del Sur.
De otro lado, la adquisición de 43 Vehículos Motobombas Antidisturbios (4x4 y 6x4), cifrada en 28,6 millones de dólares, fue declarada “desierta”, en estricta reserva para evitar críticas y cuestionamientos, el pasado día 4 de abril. Se informo que ninguna de las propuestas cumplía con las Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM). En este caso, solo se presentaron solo M&M Defense Ltd. y Armor International SAS (Colombia) y Jino Motors (Corea del Sur).
Cuestionado proceso
La adquisición de 56 Vehículos Blindados Multipropósito (4x4) y 43 Motobombas para la Policía Nacional (Programa de “Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional” – Código 2251056) se realiza en la modalidad “estado a estado”, definida por la Directiva N° 006-2024-OGAF-IN: “Lineamientos para las Contrataciones del Sector Interior para la Modalidad de Estado a Estado”, emitida el 17 de febrero de 2024, la cual supuestamente tiene la “finalidad que, en materia de adquisiciones, su trámite sea sencillo, flexible y enfocado a la finalidad de la compra”.
Desde un inicio fue centro de controversia debido no solo a deficientes y cuestionables estudios de mercado por parte de la Policía Nacional y de la OGAF sino al reformulamiento, no se sabe con qué criterio, de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) en al menos seis ocasiones, aunado a la falta de personal no idóneo, falto de experiencia o no debidamente calificado en el MININTER, se remonta a febrero de 2020. Fue suspendido como consecuencia de la crisis generada por pandemia del Covid-19 y retomado a mediados de 2022, procediéndose a reformular y actualizar los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), estimándose que a inicios de octubre de ese año se “designaría el estado extranjero para iniciar las negociaciones”. Increíblemente, a fines de noviembre, se descubrió que los procesos fueron convocados sin contar con la debida certificación presupuestaria, volviendo a reformularse.
El 8 marzo de 2024, se formó un nuevo comité, en tanto que el 2 de mayo, el MININTER emitió la Resolución Ministerial N° 0586-2024-IN, ordenándole a la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) concretar la adquisición antes de finalizar el año, formando un nuevo comité el 27 de mayo, mismo que aparentemente no avanzo como se esperaba, y fue remplazado a fines de octubre pasado. Éste, a su vez, que fue reconformado el día 18 de febrero de 2025, fue quien finalmente se encargó del proceso.
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